Desde los tiempos de Simón Bolívar, las interconexiones entre los países latinoamericanos no sólo han sido liberadoras y unionistas sino, también, despóticas y criminales. Las fronteras del continente han sido lugares de interacción entre contrabandistas y dictadores, traficantes y mercenarios.
El asesinato del candidato a las próximas elecciones del 20 de agosto en Ecuador, Fernando Villavicencio, es un hecho con antecedentes frescos en varios países de la región. En 1989 fue asesinado en Medellín, en un acto de campaña, Luis Carlos Galán, candidato del llamado “nuevo liberalismo” a las elecciones de 1990.
También en 1990, el candidato a esas mismas elecciones colombianas, por el partido Unión Patriótica, fue ametrallado en el aeropuerto de Bogotá. En 1994 sería ejecutado otro candidato, el mexicano Luis Donaldo Colosio, con un mensaje renovador dentro del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En aquellos años, ya operaban los grupos criminales de la droga en los dos países. Los asesinatos de Galán y Jaramillo han sido atribuidos al cártel de Medellín, que encabezaba Pablo Escobar, y al grupo paramilitar de los hermanos Fidel y Carlos Castaño, involucrados en las autodefensas campesinas y el tráfico de drogas.
El de Colosio no ha sido interpretado tanto desde la lógica del narcotráfico como desde el contexto de la feroz lucha por el poder en México, dentro del PRI, tras el turbulento sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, como es sabido, ya desde entonces las redes del narcotráfico llegaban hasta el centro del poder político en México.
Todo parece indicar que el asesinato de Villavicencio responde al cruce de esas dos lógicas de poder: la del crimen organizado y la del control del Estado. La expresión “Estado fallido”, que tanto se repite en estos días, y que se ha aplicado a otros países de la región, tiene la limitación de que describe el momento en que el Estado falla en el control territorial, frente a las mafias, pero no la situación, cada vez más común, en que ambos poderes están coludidos.
La seguridad es el gran problema de las sociedades latinoamericanas y, en consecuencia, el tema prioritario de las contiendas electorales. Las diversas formas de enfrentar el desafío de los cárteles de la droga, los grupos criminales, las pandillas urbanas, las autodefensas, los paramilitares o las guerrillas que quedan, dividen a los partidos y a los candidatos.
En Ecuador ésa ha sido la tónica desde que el presidente Guillermo Lasso, en mayo de este año, decretara la “muerte cruzada”, disolviera el congreso y convocara a nuevas elecciones. Todos los candidatos y candidatas han colocado el tema de la seguridad en el centro de sus campañas. Villavicencio lo hizo, tal vez, de manera más espectacular, retando al expresidente Rafael Correa y, más específicamente, al grupo criminal Los Choneros, que tiene vínculos con el cártel de Sinaloa.
Otro aspirante, el empresario Jan Topic, amenazado por el grupo Los Lobos, candidato por la alianza “Por un País sin Miedo”, ha propuesto un programa anclado en la seguridad, que tiene algunas coincidencias con el proyecto de Nayib Bukele en El Salvador. Uno de los fenómenos que emerge en el escenario ecuatoriano es el control de las cárceles por parte de las pandillas. Topic propone un reforzamiento del sistema penitenciario y una ofensiva contra las pandillas, no sólo contra los cárteles de la droga.
La puntera en la actual contienda sigue siendo la correísta Luisa González, que fue la única en no suspender la campaña tras el asesinato de Villavicencio. Pero su porcentaje sigue siendo bajo para ganar en primera vuelta y habría que ver cómo se reacomodan las alianzas en una segunda. Justamente, el candidato asesinado se perfilaba como la gran alternativa a Sánchez en la segunda mitad del proceso electoral. Esto puede tener costos para el correísmo e impulsar otra candidatura rival.
