Era inimaginable a fines del siglo pasado, cuando se difundió el paradigma multicultural, pero hoy no cabe duda de que en Estados Unidos está en curso un relanzamiento del supremacismo blanco. Es otro de los legados funestos del paso de Donald Trump por la Casa Blanca, que ya captura el centro gravitacional de los discursos de la derecha republicana, con miras a la elección presidencial de 2024.
En las últimas semanas hemos visto dos muestras preocupantes de esa refundación racista del conservadurismo estadounidense. La primera fue el pronunciamiento del gobernador de Texas, George Abbott, a favor de un blindaje de la frontera, en evidente rechazo al fin del Título 42 decretado por el presidente Joe Biden.
A pesar de que la política migratoria de la actual administración demócrata no ha revocado totalmente las medidas restrictivas, y violatorias de derechos humanos, de los gobiernos anteriores, cualquier gesto de flexibilidad de la Casa Blanca es recibido por los republicanos como un llamado a abrir las fronteras y adulterar la identidad nacional de Estados Unidos.
El mensaje de Abbott fue rápidamente respaldado por el gobernador de la Florida Ron DeSantis y una veintena de estados dirigidos por el Partido Republicano. El posicionamiento busca elevar la tensión con la Casa Blanca, colocando la agenda antimigrante y, específicamente, antimexicana, en los titulares de la campaña electoral de los republicanos de aquí a 2024.
En la misma estrategia se inscribe la nueva ley promovida por DeSantis en la Florida, aprobada por la mayoría republicana que controla el congreso estatal. La ley establece que empresas y hospitales investiguen a empleados y pacientes hispanos, para precisar su condición migratoria, y en caso de encontrar alguna situación ilegal, desocuparlos o retirarles la atención médica.
Como era de esperar, múltiples organizaciones y comunidades de hispanos, en Estados Unidos, han reclamado la violación de garantías básicas en que incurren esas medidas y hasta han cuestionado su constitucionalidad. Los demócratas y la actual administración podrían capitalizar esa resistencia, pero, si lo intentan, deberán asumir el desencanto de esos sectores con las promesas incumplidas de Biden en estos tres años.
El ascenso de la xenofobia y el racismo en el discurso político de la derecha estadounidense es más que evidente. Pero ya se hace difícil cualquier distinción entre esa xenofobia y ese racismo y los de sus equivalentes en México o América Latina. Desde hace años, las emigraciones también se dan entre los propios países latinoamericanos y caribeños y las escenas de rechazo o desprecio se repiten en varias capitales de la región.
Son conocidos los brotes de racismo y xenofobia contra migrantes peruanos y bolivianos en Argentina y el creciente malestar por el aumento de la llegada de haitianos a Chile. También hemos visto protestas y hasta conatos de violencia, en Ecuador, contra los refugiados venezolanos. En varias ciudades del norte de México se repiten esos episodios contra el paso de migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica y, también, de Venezuela, Haití y Cuba.
La incapacidad de negociar y coordinar políticas migratorias propias, entre los gobiernos latinoamericanos y caribeños, es evidente. Todos buscan concertar sus políticas, bilateralmente, con Estados Unidos, pero ninguno hace un llamado a tratar seriamente el tema en los foros regionales o en la Celac.
México, país de tránsito y, también, de creciente emigración, pareció intentarlo, pero hemos visto a su gobierno suscribir la tesis equivocada de que las diásporas de Venezuela y Cuba se deben, únicamente, al “bloqueo”, y enzarzarse en disputas con Guatemala y El Salvador, en un momento especialmente delicado, que demanda visión humanitaria y de colaboración regional, para hacer frente a una ofensiva antimigrante que amenaza a todos.
