La pugna por el reconocimiento en Venezuela

Con el reconocimiento de Edmundo González Urrutia, como ganador de las elecciones en Venezuela, por parte de Estados Unidos, el conflicto electoral en ese país suramericano pasa a un nuevo nivel. Los gobiernos europeos y latinoamericanos que, hasta ahora, habían condicionado su reconocimiento a una publicación de las actas del escrutinio en que se basó la proclamación de Nicolás Maduro, el 28 de julio, deberán considerar si mantienen su posición.

Muchos actores y observadores de la crisis recomiendan rebasar esa postura, es decir, que la comunidad internacional asuma que se produjo fraude, que González Urrutia y María Corina Machado ganaron la presidencia de la república y que debe procederse al desconocimiento de los resultados oficiales, anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Aunque habría muchas razones para adoptar ese camino, hay otras que siguen dando sentido a la opción de condicionar el reconocimiento.

La primera tiene que ver con el hecho de que Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela hasta principios de 2025. González Urrutia sería el presidente electo, pero Maduro seguiría siendo el jefe de Estado. Mientras no haya una admisión de los resultados electorales por parte del perdedor, en este caso, el mandatario mismo, difícilmente podrá hablarse de traspaso de poderes y mucho menos de transición política.

La otra dificultad que ofrece el reconocimiento formal de González Urrutia es que, aunque enrevesado y manipulado, el escrutinio electoral no ha concluido. La autoridad electoral sigue sin publicar las actas que, según el CNE, dio el 51% de votos a Maduro. Sin embargo, la oposición sí publicó las suyas, recabadas por sus propios testigos en las mesas de votación, y que a más de 82% del cómputo dan la victoria a González Urrutia por 67%.

Hay un paso en el proceso electoral venezolano, el cotejo del conteo electrónico y las actas de cada partido, que no se ha cumplido. Ese paso corresponde, por ley, al CNE, que debió dar acceso público a las actas en las 48 horas que siguieron a la elección, de acuerdo con los artículos 115 y 116 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que contemplan ese “lapso de totalización”.

El artículo que se ha invocado en contra de éstos, en medios y redes partidarios de Maduro, que da un plazo de 30 días para publicar los resultados en la Gaceta Electoral se refiere a un momento posterior, cuando los resultados electorales han sido verificados, cosa que no ha sucedido aún.

La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela publicó recientemente un comunicado en que asegura que “sin totalización verificada no puede haber proclamación”. Ese paso se saltó el mismo 28 de julio y se continuó saltando en los días siguientes, al punto de que a casi una semana de la elección, ni siquiera el Partido Socialista Unido de Venezuela ha publicado las actas de sus testigos, que no pudieron ser objeto del llamado “hackeo del CNE”.

Para complicar más esta querella electoral tan llena de inequidad, arbitrariedad, opacidad e irregularidades, Maduro ha presentado en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela un “recurso contencioso” que, supuestamente, buscaría clarificar las elecciones por medio de citaciones presenciales de los candidatos de la contienda. Otra vez, los juristas venezolanos advierten que el TSJ no puede certificar la elección si antes el CNE no ha publicado las actas del escrutinio.

El mayor riesgo de que el reconocimiento internacional de González Urrutia se acelere es que el gobierno de Maduro pueda declarar nulas las elecciones, con lo cual la validación del resultado favorable a la oposición sería imposible por vías institucionales. Se pasaría entonces, como en tiempos de la presidencia interina de Juan Guaidó, a una situación de dualidad, alimentada por la confrontación interna y externa, que no facilitaría el tránsito democrático.