A tres años del estallido cubano

Hace tres años se produjo un fenómeno insólito en la historia contemporánea de Cuba: decenas de miles de cubanos salieron a las calles, en las principales capitales y otros pueblos de las 15 provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud, para protestar pacíficamente contra el estancamiento económico, social y político de la isla.

El gobierno cubano rechazó terminantemente los conceptos de “estallido” o “protesta”. Según sus medios y sus plataformas y redes aliadas en todo el mundo, desde Rusia hasta México, lo que sucedió en Cuba los días 11, 12 y 13 de julio de 2021 no fue un estallido social y un conjunto de protestas populares, como los que se produjeron en tantos países latinoamericanos entre 2017 y 2022, sino una serie de disturbios violentos, organizados desde Estados Unidos para derrocar al gobierno por medio de un “golpe blando”.

En su reacción inmediata, el mismo 11 de julio, el presidente Miguel Díaz-Canel llamó a los “revolucionarios” a enfrentar a los “contrarrevolucionarios” en las calles y plazas de la isla, agregando, en tono militar, que “la orden de combate estaba dada”. Otros dirigentes del gobierno, en alocuciones posteriores, señalaron que lo que sucedía en la isla, en aquellos días, era muy parecido a las guarimbas o trincheras populares levantadas en las calles de Caracas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Tal y como el gobierno de Maduro había enfrentado aquellas manifestaciones, actuaría el gobierno de Díaz-Canel. Los manifestantes serían tratados como vándalos o delincuentes, que violaban la ley en las calles. Por tanto, serían detenidos y sometidos a procesos judiciales que derivarían en largas sentencias de cárcel. En Cuba, cerca de 1,400 personas serían entonces arrestadas e indiciadas. La mayoría de ellas aún permanece en prisión.

Un estudio reciente, realizado por la socióloga Velia Cecilia Bobes, de Flacso, en la Ciudad de México, propone el primer análisis cuantitativo y cualitativo de las protestas en Cuba. El estudio revela que desde la segunda década del siglo XXI, protestar en las calles se ha vuelto habitual. Entre 2019 y 2020, antes del estallido del verano del 21, se produjeron más de cuarenta eventos contenciosos en toda Cuba.

En 2022, a un año de aquella crisis, que el gobierno quiso presentar como algo excepcional, provocado por el recrudecimiento del llamado “bloqueo”, llegaron a producirse 174 protestas en Cuba, de acuerdo con el estudio de Bobes. Hasta junio del año siguiente, 2023, la cuantificación sugiere unas 78 manifestaciones en diversas ciudades del país.

En todos los casos, antes y después de 2021, el gobierno cubano ha procedido con la misma agresividad. A los arrestos de todos los manifestantes identificados siguieron penas desproporcionadas de cárcel, en algunos casos, de adolescentes y jóvenes mujeres con hijos pequeños. En todos los procesos judiciales contra jóvenes inconformes, el gobierno cubano ha aplicado una lógica ejemplarizante, con el propósito de disuadir a las nuevas generaciones para que no recurran a la protesta.

La criminalización y el uso del argumento de la causa exterior como explicación del estallido han sido exportadas por el gobierno cubano a sus aliados regionales. En Telesur y otros medios de la Alianza Bolivariana, especialmente en Venezuela y Nicaragua, se repite que las protestas en Cuba son ocasionadas por el recrudecimiento del embargo comercial durante la administración de Donald Trump.

Sin embargo, quien gobierna Estados Unidos, desde hace cuatro años, es Joe Biden, quien ha aplicado medidas de flexibilización con las pequeñas y medianas empresas de la isla. De hecho, el propio Consejo de Ministros de Cuba y la cúpula del Partido Comunista de la isla acaban de reconocer que hay causas internas, no dependientes del embargo comercial, que inciden en la persistencia de la “inestabilidad macroeconómica”.