Trumpismo y lawfare

El veredicto de culpabilidad contra Donald Trump, por un jurado de Nueva York, es una de esas noticias que nos hacen extrañar a Christopher Hitchens en esta época de nuevas autocracias. ¿Cómo habría reaccionado el escritor británico que respaldó los procesamientos judiciales contra Slobodan Milosevic, Augusto Pinochet y Henry Kissinger en los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI?

Hitchens lamentaba que en Estados Unidos fuera más fácil que un presidente fuese sometido a juicio político por traicionar a su esposa o mentir al público que por invadir un país latinoamericano o asiático o armar golpes de Estado mientras desayuna en Camp David. Algo de aquel síndrome Capone se revive en estos días, cuando Trump podría ir a la cárcel, no por el apoyo del Kremlin a su elección en 2016 o por el asalto al Capitolio, sino por extorsión y falsificación de documentos.

Cualquiera que hubiese sido la reacción de Hitchens, difícilmente habría pasado por alto la forma en que el trumpismo, que, a estas alturas, para vergüenza de muchos conservadores, se confunde con el Partido Republicano, enfrenta la culpabilidad de su jefe. Algunas de las frases más repetidas por esa derecha lo dicen todo: “cacería de brujas”, “juicios de Moscú”, “república bananera”.

Dado que el trumpismo es un fenómeno global, diversos líderes del mundo han reaccionado de manera parecida desde que comenzaron los juicios contra Trump. En septiembre de 2023, Vladimir Putin sostuvo que Donald Trump era víctima de una persecución política en Estados Unidos. Algo similar reiteró Andrés Manuel López Obrador en noviembre de ese año y hace apenas unas semanas, cuando dijo que Trump estaba siendo hostigado en los tribunales estadounidenses.

Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, ha sido uno de los aliados de Trump más enfáticos en la presentación del proceso judicial de Nueva York como una vendetta política. Orbán, que viene de la experiencia del comunismo en Europa del Este, ofrece una voz de autoridad para el tópico de los “procesos de Moscú”. En los últimos días, el líder húngaro, así como el británico Nigel Farage, promotor del Brexit, han llamado a solidarizarse con Trump.

Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente brasileño, una presencia constante en los foros de la ultraderecha global, donde se reúnen Santiago Abascal, Javier Milei, Giorgia Meloni y Marine Le Pen, recurre al otro tópico, el de la “república bananera”. Estados Unidos, según Bolsonaro, estaría pareciéndose cada vez más a los países latinoamericanos, donde son frecuentes los usos del aparato de justicia para destruir a contrincantes políticos.

En las recientes declaraciones de Bolsonaro se condensa la fácil manipulación del concepto de lawfare, que no pocos, en las ciencias sociales latinoamericanas, aplican unilateral y exclusivamente a los procesos judiciales contra mandatarios de izquierda como Lula da Silva, Dilma Rousseff o Cristina Fernández de Kirchner. Bolsonaro, desde luego, no tiene en mente esos casos sino el de su padre, actualmente indiciado en tribunales brasileños por falsificación de datos de vacunación durante la pandemia del Covid-19 y por asociación criminal.

Un breve recorrido por estas reacciones debería ser suficiente para tomar con mayor precaución el expediente ideológico de la judicialización política o la politización de la justicia como un mecanismo exclusivo de derechas contra izquierdas. Pero también para admitir que, aún cuando sea imposible separar de manera tajante derecho y política, en ese tipo de procesos, los contornos de cada campo deben preservarse.

Tampoco se trata de recaer en el otro cliché del culto al sistema de justicia de Estados Unidos, que abunda por estos días en medios liberales. Lo cierto es que la culpabilidad de Trump ha sido declarada, no por un “juez corrupto” como él ha dicho, sino por doce ciudadanos legos, nombrados por sorteo.