De acuerdo al Latinobarómetro, los mexicanos se autoubicaron durante casi 30 años como un país esencialmente con valores de centro-derecha; tras la liberalización económica y los arreglos institucionales transicionales de 1994-1995.
Es en 2016 que esos valores sociales comienzan a cambiar y la correlación de fuerzas se invierte con el regreso del nacionalismo populista, del cual 40% reconoce al partido en el gobierno.
Parte de este regreso fue alentado por la crisis financiera internacional, los escándalos de corrupción en la transición mexicana y la revalorización de los términos de debate de la desigualdad. En palabras de Bobbio, desde algunos sectores de los espectros de la izquierda se considera como un obstáculo para la igualdad a la propiedad individual o “el terrible derecho” o “Estado de derecho”, que para algunos funciona “sólo para los poderosos”; en una amplia discusión sobre “qué es justo”, que el Presidente ha resumido en el afamado “por encima de la ley, la autoridad política”.
En ese ámbito igualitario, hoy más mexicanos (casi 40%), sienten que se distribuyen los ingresos del país de una manera más justa que en el periodo transicional (1988-2018), lo anterior a raíz de los programas sociales y los reencuadres presupuestales de “austeridad”, que han llevado a las instituciones que proveían regulación y justicia a reducir sus capacidades. Sin embargo, el costo social de estar “por encima de la ley” está siendo alto en amplios territorios del país. Una de las grandes deudas del periodo transicional fue la distribución del ingreso, hoy una de las grandes deudas del periodo populista es el Estado de derecho.
Las muestras se pueden observar en el ánimo de hacer justicia por propia cuenta en parte de la población. Como ya lo vivimos, por ejemplo, en 2022 en Puebla, cuando el joven asesor parlamentario Daniel Picazo fue asesinado por una turba debido a una confusión, o en Veracruz en enero pasado que los pobladores de Lerdo de Tejada lincharon a los policías, que dispararon a un joven en su auto; o los hechos más recientes en Taxco, donde de inicio a fin se revela la descomposición sistémica que vive el país.
Una pareja decidió que podían secuestrar y asesinar a la mejor amiga de su pequeña hija, porque consideraron que su costo de oportunidad era bajo, es decir, la opción elegida no suponía una pérdida importante, si algo salía mal; al momento de ser aprehendidos por la policía, una turba consideró que su costo de oportunidad por linchar a estas personas también era bajo, puesto que asesinarlos en vía pública no suponía una pérdida mayor tampoco para ellos. Por otro lado, el manejo policial del asunto fue terrible, incluso cuando se muestra el cuerpo casi inerte de la señora linchada, claramente no tienen capacitación para su atención. Asistimos a la mezcla de impunidad, impotencia y falta de capacidad de aplicación de la ley, el resultado es la espiral de violencia que vivimos como nación.
La gran asignatura pendiente de este sexenio es el alto costo de su proyecto de distribución económica que ya derivó en la inoperancia de algunos sectores estatales y finalmente en una violencia desbordada. Hoy las capacidades estatales están capturadas por los enormes presupuestos para clientelas electorales reflejadas en programas sociales; hoy los brotes de linchamientos suceden por la impunidad, porque la gente se desespera en atender procesos larguísimos de justicia que no se sabe si terminarán con los presuntos culpables recibiendo una sentencia.
La siguiente pregunta tras estos brotes, es qué va a suceder cuando la gente se empiece a desesperar por otras cosas, porque los presupuestos están acotados y el Estado está ausente en amplios sectores.
