Hay variables en la economía que son un termómetro de cómo reaccionan los mercados ante ciertas decisiones de política monetaria o simplemente son señal de la confianza o desconfianza que inversionistas, nacionales y extranjeros, tienen en el país.
Una de esas variables es el tipo de cambio del peso frente al dólar. Este indicador es altamente sensible a cualquier decisión que los agentes económicos perciban que puede incidir en sus planes de negocio o en sus expectativas de riesgo país.
El tipo de cambio a lo largo de esta administración se ha mantenido bastante estable en niveles de alrededor de 20 pesos por dólar. Hay que reconocer que el mercado cambiario no ha percibido grandes riesgos, a lo largo de los primeros tres años de Gobierno, y que su comportamiento no ha sido errático.
Esto también se debe a la política monetaria restrictiva que ha venido orquestando el Banco de México (Banxico), con una tasa de referencia actual de 5 por ciento, mientras que esta misma tasa en Estados Unidos se ubica en casi cero. Este diferencial provoca que entren muchos dólares a nuestro país, buscando mayores rendimientos por su dinero.
La política monetaria que el banco central ha decidido tiene que ver con el control de la inflación. La meta del Banxico es lograr una inflación anual de 3 por ciento para el tercer trimestre de 2023. Si se considera que la inflación de la primera quincena de noviembre fue de 7.05%, siendo la más elevada en 20 años, es de esperarse que el banco central continúe con una política restrictiva y siga aumentando la tasa de interés.
Por otro lado, la propuesta de ayer, en la mañanera del Presidente López Obrador, de nombrar gobernadora del Banxico a Victoria Rodríguez Ceja no gustó a los mercados. El tipo de cambio en ventanilla rebasó los 22 pesos por dólar. Señal de que no hay confianza en este nombramiento.
En otro tema. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá la última palabra en el decreto que publicó el Ejecutivo esta semana, eximiendo de cualquier tipo de permiso a las obras de infraestructura del Gobierno por considerarlas de seguridad nacional.
Las acciones y controversias constitucionales seguramente no se van a hacer esperar. Así que nuevamente terminará en manos del más alto tribunal de nuestro país la decisión de si esta medida es constitucional o no. Por lo pronto, el ministro en retiro José Ramón Cossío ya adelantó por Twitter que “el decreto del Presidente es evidentemente inconstitucional”.
