Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la primera reforma constitucional que buscará que la 65 legislatura, recién instalada, discuta y apruebe en las próximas semanas.
Más allá del contenido de la reforma eléctrica, la sola presentación de la iniciativa tiene un componente político importantísimo.
Para ser aprobada, como cualquier cambio a la constitución, necesita dos terceras partes de los votos de los diputados, es decir, 333 de 500 diputados.
Morena, junto a sus aliados del PT y Verde suma 277 legisladores. Por lo tanto, necesitan 56 votos más que tendrán que venir de diputados del PAN (114), PRI (71), Movimiento Ciudadano (23) o PRD (14).
Por lo tanto, la posibilidad de ser aprobada la reforma pasa, forzosamente, por el rompimiento del bloque opositor que PAN, PRI y PRD formaron para las elecciones de junio pasado.
Desde el martes pasado, AMLO dio señales claras de a quienes espera sumar. Llamó al PRI a definirse frente a esta “oportunidad histórica”, si se mantienen en el camino “equivocado” del salinismo o si regresan a los tiempos de los expresidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, responsables de la expropiación petrolera y la estatalización de la industria eléctrica.
Pero no sólo eso, también anunció que quienes voten en contra serán exhibidos, en una velada amenaza a sus opositores, que no pasaría de ser demagogia discursiva si en el PRI no hubiera más de un legislador con razones de sobra para tomarse en serio y temer a esa advertencia.
El resultado más probable, es que antes que la alianza, lo que se rompa sea el grupo parlamentario del PRI. Será difícil que, con tantas presiones, los 71 diputados tricolores voten en bloque.
La aritmética en ese sentido favorece a la oposición. Porque aun con el rompimiento del PRI, necesita mantener sólo a 15 legisladores en el bloque para frenar la reforma.
Pero se antoja difícil que el presidente López Obrador se haya aventurado a presentar esta iniciativa sin tener claro de dónde planea obtener esos 56 votos faltantes.
El final de esta historia se antoja de pronóstico reservado. La reforma eléctrica como tal, aunque importante, es secundaria. Lo verdaderamente relevante es que, de aprobarse, el presidente López Obrador estaría rompiendo la alianza en sólo un mes.
Y de romperse, las consecuencias no se limitarían al legislativo. Si el PRI no acompaña al PAN en esta votación que genuinamente responde a la razón de ser de la alianza (frenar los cambios irreversibles que busca establecer el gobierno de AMLO), se ve muy complicado que, para las seis elecciones estatales de 2022, y mucho menos para la presidencial de 2024, el bloque opositor se mantenga.
Esa es, sin duda, la prioridad presidencial. Romper la alianza. O, al menos, fisurarla. Pero que lo haga a los 30 días de iniciar la legislatura que resultó del proceso electoral aliancista, y que presente la iniciativa ante la Cámara de Diputados (que son quienes fueron electos en junio pasado) y no ante el Senado de la República (electos desde 2018), muestra la confianza en sus planes y lo lapidario que busca que sea el resultado para sus opositores.
Del lado de la oposición, deben empezar a planear escenarios. El PRI, un discurso con el que pueda decirle a los mexicanos que habrían traicionado, a la primera oportunidad, la alianza que firmaron y con la que ofrecieron a los mexicanos ser un bloque opositor a Morena. Y desde el PAN, la vida después de la alianza. Aceptar que, como muchos dijeron, el PRI los habría usado electoralmente con oportunismo y asumirse como única fuerza relevante de oposición, aunque numéricamente vayan a perder las votaciones en el Congreso de la Unión.
