La extorsión es reveladora del espacio social en que coexisten la amenaza de violencia, la percepción de inseguridad, el miedo a la agresión de actores delincuenciales y la sospecha —fundada o no— de que las autoridades están coludidas con los depredadores patrimoniales.
Saber si a nivel nacional —donde ha crecido la extorsión en un 18 por ciento— o conocer si en la capital nacional —donde ha disminuido un 58 por ciento— se integran algunos de esos aspectos, es parte del proceso de reconocer la realidad y del objetivo de acompañar para reducir la extorsión.
Las condiciones donde germina este delito tienen variantes, aunque centralmente debe agregarse que mayor extorsión implica menos presencia de la autoridad en términos del cumplimiento de sus obligaciones y capacidades para diagnosticar, supervisar y entregar resultados en su combate, los cuales se reducen a sentenciados responsables de ese delito y de muchos otros incidentes ilegales asociados a él.
Para ello, antes debió haber investigación, detenciones, y procesos apropiados al ciclo de justicia, el cual en última instancia es parte de la capacidad política de los integrantes del poder ejecutivo y de su coordinación creativa y eficaz con las autoridades de impartición de justicia. La extorsión puede disminuir y supone una articulación con la sociedad civil y sus integrantes empresariales y la ciudadanía participativa, con responsabilidad política.
Es un problema nacional y una oportunidad ciudadana para contribuir a su reducción, asumiendo especialmente que nueve de cada diez casos suponen gestión no cautelosa de los mensajes que nos llegan mediante celulares inteligentes.
El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y Grupo IMU, dirigido por Gerardo Cándano, presentamos ayer una campaña a nivel nacional —llegará a 10 capitales, como Puebla, Monterrey y Guadalajara— contra la extorsión, la violencia familiar y la oferta de contención emocional y jurídica para combatir esos delitos.
Arrancó en la alcaldía Cuauhtémoc por ser la demarcación de la CDMX que registra la mayor tasa de extorsiones por cada 100 mil habitantes, con 10.2, además de estar ubicada en el sitio 43 entre los 50 municipios con mayor incidencia. En esa alcaldía hay tres veces más extorsiones que Iztapalapa, tasa por cien mil.
La mitad de las denuncias se concentran en tres colonias de la demarcación: Centro, Morelos y Doctores. En la Línea de Seguridad o Chat de Confianza, 55 5533 5533, del Consejo Ciudadano ha atendido cerca de 5 mil reportes de extorsión. El 70 por ciento de ellos fue tentativa. Además, la app No+Extorsiones permite bloquear más de 276 mil números telefónicos usados para extorsionar.
Voluntad ciudadana y empresarial requieren de acompañamiento institucional como el existente en la CDMX, gracias a la decisión de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el titular de la SSC, Omar García Harfuch, y la fiscal Ernestina Godoy para la persecución y detención de generadores de violencia, entre ellos extorsionadores.
