Juzgar y discriminar a las personas privadas de la libertad (PPL) es un lastre social que lleva siglos. Va más allá del modelo penitenciario porque nos toca en nuestra dimensión humana, desde nuestros propios cautiverios juzgamos a otros, dentro y fuera de prisión.
El esquema carcelario, surgido de la Constitución de 1917, estableció los Centros de Regeneración, y las personas en esa situación debían ser por tanto “regeneradas”. Para 1964 se utilizó la palabra “readaptación”, lo cual llevaba a conceptualizarles como inadaptadas. Fue hasta 2008, con la reforma al sistema de justicia, que se empleó el concepto “reinserción”.
Así, el sistema penitenciario busca garantizar a las PPL los mecanismos que les permitan reincorporarse a su condición ciudadana mediante el trabajo, capacitación, educación, deporte, salud física y mental, labor que actualmente está a cargo del subsecretario del Sistema Penitenciario de la CDMX, Enrique Serrano Flores, y que es impulsada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Los datos revelan una realidad que nos convoca a todas y todos, ciudadanía y autoridad. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 (ENPOL) del Inegi, el 59.4% de las PPL en la Ciudad de México considera que haber estado en un centro penitenciario afectará sus posibilidades de reinsertarse al ámbito laboral cuando cumpla su condena y sólo 31.6% piensa que podría lograr la integración a su familia.
Al interior de los centros penitenciarios, hay datos muy reveladores de un cambio que vale la pena reconocer. Actualmente, el 80.4% realiza una actividad laboral, principalmente artesanal o en la venta de alimentos; 41.8% estudia para obtener un nivel escolar y, al salir, forjarse un mejor futuro.
Hace un par de años, un hombre me abordó en la calle para preguntar si habría algún empleo para él. Como el 77% de las PPL había estado en un reclusorio por robo y por sus antecedentes, las empresas evitaban contratarlo. Hoy, él tiene un empleo formal en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y vive la posibilidad de reinsertarse a la sociedad; su desempeño ha sido impecable y, cuando le pregunto la clave, me habla de sus hijas de 8 y 10 años.
Una encuesta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) señala que 3 de cada 4 encuestados advierte que las personas con antecedentes penales son discriminadas. En el combate a esa estadística, el trabajo que teje Arturo Morell, desde el Instituto de Reinserción Social de la CDMX, es digno de apreciarse.
Pensemos en quienes recuperan su libertad como personas en el más amplio sentido; es indispensable para hablar de una ciudadanía plena con sentido de comunidad. Y es, también, una responsabilidad colectiva.
