Para la especialista en derecho de la Universidad La Salle, Alma Guadarrama, en México se ha tenido un avance en las normas para combatir la violencia de género, sin embargo, considera que aún falta trabajo por hacer sobre todo en el ámbito digital, aunque ya existe reformas como es el caso de la llamada “Ley Olimpia”.
“Si hemos avanzado en la normativa, pero aún falta mucho por hacer sobre todo cuando se está hablando de violencia digital… en las redes se producen muchos tipos de violencia”, afirmó la investigadora.
Durante un conversatorio realizado por la Universidad La Salle. cinco especialistas analizaron cómo se ha transformado la violencia de género a raíz en los distintos ámbitos como el digital, económico, educativo y como se incrementó esta violencia durante el confinamiento.
Alma Guadarrama explicó como que en México se han tenido reformas importantes encaminadas a proteger a la mujer.
En el ámbito digital, que. de acuerdo con la explicación de la especialista, la violencia digital se entiende como “toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación por la cual se exponga, difunda, exhiba, transmita, oferte o intercambie o comparta imágenes, audios, videos de contenido sexual de una persona sin su consentimiento”.
La investigadora recordó la “Ley Olimpia”, que surgió a raíz de que se difundió, sin permiso, un video sexual de una mujer en Puebla. “No es una ley. es un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales”, explicó.
La “Ley Olimpia” ha sido aprobada en 24 entidades de la republica con penas van de los 6 meses a 8 años de prisión, según el Código Penal de cada estado en el que se aprobó.
“El logro de esta ley descansa en dos vertientes: en la protección específica de la mujer contra la violencia digital; y segundo, en ser un paso más en la regulación de actividades que se desarrollan en el ciberespacio particularmente lo que se refiere a las distintas formas de manifestación de violencia digital”, señaló Alma Guadarrama.
Asimismo, afirmó que la violencia de género “no es una práctica aislada, sino que son el resultado de actos continuos de violencia contra la mujer que se producen en distintos ámbitos incluido el digital”.
En el conversatorio de la Universidad La Salle también participó la maestra Julia Muñoz, quien habló de la violencia de género digital, pero desde la perspectiva educativa, recordando que durante la pandemia los estudiantes toman clases a distancia a través de Internet.
La especialista apuntó que por lo regular es más sencillo crear espacios seguros presenciales en las universidades, pero con la modalidad virtual, tener a un agresor en el espacio privado se convierte en un problema, ya que “se diluyen las fronteras entre lo público y lo privado”.
También destacó que las universidades deben plantearse estrategias de capacitación al claustro docente para saber guiar a los estudiantes respecto a casos de violencia en las aulas virtuales, en la familia o incluso en las relaciones de pareja.
A su vez, la doctora Artemisa Montes, especialista en economía política detalló cómo la economía también ha tenido un particular cambio, el cual evidencia que “se han agravado las disparidades laborales”.
A raíz del confinamiento social, en América Latina -la región más afectada por el COVID-19- se han acumulado más de 30 millones de empleos perdidos, de los cuales, el 64 por ciento corresponden a las mujeres exclusivamente.
Por su parte, Diana Jiménez, quien comentó que los daños psicológicos son los más difíciles de abordar. Señaló que, desde la semiología, los medios de información continúan cosificando a las mujeres víctimas de feminicidio, lo cual supone una suerte de control a través del miedo.
Por último, la doctora Claudia Pedraza comentó que, a pesar de las múltiples ocasiones en que se ha aclarado ya, vale la pena hacer hincapié en que los movimientos feministas no se tratan de una batalla de las mujeres contra varones, sino contra una práctica que atenta contra la vida, dignidad e igualdad, “en lo que sí hay que coincidir es que cambiar las prácticas discriminatorias es una tarea que corresponde a toda la población”.
