Reforma avanza; suma reclamos del PJ, advertencias de IP de EU y Canadá, ONU...

En un ríspido debate, Morena y sus aliados impusieron su mayoría en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde este lunes aprobaron el dictamen de la reforma al Poder Judicial, cuyo objetivo principal es que jueces, ministros y magistrados sean nombrados a partir de elecciones abiertas a la ciudadanía.

El debate se extendió durante 12 horas y convergió con protestas, bloqueos y reclamos de trabajadores del Poder Judicial, que hicieron una parada en San Lázaro para pedir audiencia antes de que el plan se concretara.

La aprobación en lo general y lo particular recibió 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones, y 22 a favor y 18 en contra, y cero abstenciones en el segundo, después de la discusión de más de 300 reservas presentadas.

La enmienda deberá pasar aún por su aprobación en el pleno de la Cámara baja, y se prevé que esto tenga lugar a partir del día 1 de septiembre, ya con una nueva legislatura, para después continuar su procesamiento en el Senado y, en su caso, en los congresos estatales, al tratarse de una reforma a la Constitución Política.

En el trámite de la sesión de ayer, no obstante, la priista Laura Haro advirtió que si Morena y aliados agotan el proceso legislativo con éxito, el asunto no acabará allí, en espera de que los tratados internacionales que México ha suscrito funcionen como un freno al proyecto.

“Todavía existe una ligera esperanza de que esta aberración no vaya a pasar, porque hoy debemos de entender que nuestro país es firmante en diferentes tratados de índole internacional… Entonces, no canten victoria, porque hoy lo que podemos decir es que las y los próximos diputados todavía tenemos la esperanza de que reflexionarán, pues falta que pase por una serie de tratamiento en índole internacional”, dijo.

El coordinador tricolor, Rubén Moreira Valdez, apuntó un inconveniente para la implementación de la reforma, pues de acuerdo con su estimación, para una elección relativa al Poder Judicial en la Ciudad de México se requerirán 25 boletas, con lo que cuestionó si un día alcanzará para desarrollar una jornada electoral en donde millones de personas deberán votar para elegir entre cuatro mil 125 nombres a 640 personas para igual número de cargos.

El panista Héctor Saúl Téllez insinuó que hubo negociaciones entre los morenistas y algunos integrantes del PJ, pues expuso que mientras en la iniciativa presidencial se impedía que magistrados del Tribunal Electoral puedan convertirse en ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el dictamen modificado por los legisladores se retiró ese candado y, además, se les permitirá quedarse hasta el 2027, lo cual no ocurrirá con los demás cargos que se renovarán con este proyecto.

Juan Ramiro Robledo explicó que la “razón lógica” detrás de esto es que se sacó a los magistrados de la Sala Superior de ese impedimento porque debe haber magistrados para el momento en que se deba calificar la elección.

Una vez aprobada la reforma en lo general, la comisión arrancó el desahogo de 330 reservas; es decir, propuestas de modificación, de las cuales únicamente se admitió una presentada por la morenista Lidia Anaya.

Consistió en cambios al artículo 20 para incorporar la figura de “jueces sin rostro”, que consiste en proteger a las personas juzgadoras encargadas de casos relativos a la delincuencia organizada.

“Tratándose de delincuencia organizada, el órgano de administración judicial podrá disponer las medidas necesarias para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras, conforme al procedimiento que establezca la ley”, se lee en la fracción añadida.

Ahora que el proyecto ha sido aprobado, pasará a la Mesa Directiva de San Lázaro y así quedar a disposición del pleno de la Cámara baja, es decir todos los diputados, una vez que entre en funciones la LXVI Legislatura el 1 de septiembre, la cual estará conformada en dos terceras partes por Morena y sus aliados.

De avanzar en San Lázaro, aún le faltaría ser discutida en el Senado, donde al bloque de la 4T le faltan tres senadores para que pueda aprobarlo. De conseguirlos con “negociaciones” en otros partidos de oposición, conseguirá sacarlo adelante y entonces solo faltará que alcance el aval de 17 de los 32 congresos estatales para que se concrete la reforma y entre en vigor.

Mientras el asunto era discutido, decenas de trabajadores del Poder Judicial, provenientes de distintas entidades, llegaron hasta los accesos de San Lázaro para exigir audiencia. Al inicio, una comitiva encabezada por Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, logró ingresar y a lo largo del día se sumaron otros grupos, cuyo intento por frenar la discusión fue en vano, pues la reforma terminó por ser aprobada.

Hasta las inmediaciones del recinto legislativo llevaron un ataúd negro cargado por cuatro “verdugos” que eran acompañados por coronas de palmas sobre las que se extendieron listones en los que se leía: “la justicia imparcial ha muerto” y “México está de luto”.

La jornada también incluyó los reclamos de la exmorenista Susana Prieto Terrazas, quien enfurecida rompió en llanto al inicio de la sesión y aseguró que la bancada guinda la tiene “hasta la ma…” y que ha hecho de su vida “un pin… infierno”, pues acusó obstaculización del diputado Juan Ramiro Robledo, al no permitirle participar en el debate, lo cual fue rechazado por el legislador guinda, quien explicó que sólo obedecía al reglamento, que no regula las intervenciones de quienes no forman parte de alguna bancada.

Protesta del PJ en el Ángel reúne a dos mil

Trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial (PJ) se manifestaron ayer en el Ángel de la Independencia contra la reforma judicial. En el lugar, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores, manifestó “que se trata del más grande atropello a una institución”; al lugar, de manera fugaz, llegó la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez.

En breves minutos, y acompañada de un equipo de seguridad, la exaspirante presidencial llegó montada en su bicicleta e interceptada por los asistentes que se tomaban la foto del recuerdo.

Horas antes de la manifestación en el Ángel de la Independencia, un grupo de trabajadores afiliados a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) llevó a cabo una marcha desde el Palacio de Justicia Federal hasta la Cámara de Diputados.

Durante esta movilización, los representantes de la Jufed entregaron una solicitud formal a los legisladores para la creación de una Comisión de Diálogo, de ello, algunos trabajadores ya por la noche consideraron que los diputados sólo se burlaron de sus propuestas y de su tiempo.

Alrededor de las 18:50 horas, cientos de trabajadores llegaron a las escalinatas del Ángel de la Independencia en Reforma de manera pacífica y, vestidos de negro, colocaron veladoras con las iniciales del Poder Judicial de la Federación (PJF); en el lugar la Secretaría de Seguridad capitalina reportó unos dos mil asistentes que advirtieron se reunirán en otros puntos del país para “continuar esta batalla en defensa del poder judicial”.

A las 18:00 horas, a cuenta gotas comenzaron a llegar algunos jueces, quienes en el emblemático monumento recibieron la noticia que la reforma ya había sido aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales, lo que generó molestia, llanto, descontento y desconcierto entre los trabajadores del PJ que llevan una semana en paro indefinido de labores.

Para la jornada de protestas, los trabajadores fueron acompañados por ciudadanos y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes expresaron su rechazo a la reforma en un comunicado, hecho que agradeció la presidenta de Jufed, Juana Fuentes, quien dijo a este diario que “las movilizaciones van a continuar, el poder judicial no está vencido”.

En su discurso desde la escalinata del Ángel de la Independencia, la juzgadora Fuentes fue interceptada por algunos de los trabajadores de este poder quienes le pidieron unirse a una denuncia masiva contra el exministro Arturo Zaldívar por considerarlo un “traidor a esta institución”, los hechos no fueron desestimados por la jueza, pero insistió a los manifestantes en “enfocarse ahora en la defensa del Poder Judicial”.

Acto seguido, la juzgadora dijo: “A pesar de la cerrazón de la mayoría parlamentaria y del Gobierno a negociar esto por una reforma integral que respete la independencia judicial, es que hemos decidido integrar una comisión de diálogo”.

Al tomar la palabra, la maestra Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del PJ, comentó que, a pesar de estos obstáculos que han enfrentado en el Congreso y su negación a ser verdaderamente escuchados, ellos están decididos a seguir sus acciones hasta que se les brinde una audiencia justa.

“Estamos siguiendo paso a paso la actividad legislativa para aumentar las acciones hasta que se nos escuche. Vamos a ver cómo reaccionan” dijo.

En tanto, criticó lo que considera un intento deliberado por parte de las autoridades para desmantelar el sistema judicial. Señaló que el Gobierno ha ignorado las voces de los trabajadores y ha evitado el diálogo, a pesar de que se han organizado varios encuentros para discutir la reforma propuesta; además, dijo que esta reforma se quiere realizar “al vapor”, pues los legisladores de Morena, están ávidos de “dar su regalo al Presidente Andrés Manuel López Obrador antes de que se retire del mandato”.

Casi al culminar la velada, los trabajadores ofrecieron un minuto de silencio ante la situación que podría enfrentar México de aprobarse la reforma, incluso una mujer que tomó la palabra subió con una veladora en la mano de la virgen de Guadalupe y en el acto pidió a los asistentes pedir a Dios por el país y su futuro tras las decisiones del Congreso, luego de que diputados de Morena y aliados aprobaron en lo general el dictamen de la reforma judicial en la Comisión de Puntos Constitucionales con una votación de 22 a favor, 17 en contra y cero abstenciones.

Dicha situación fue calificada por los integrantes del PJ como “una arbitrariedad y uno de los atropellos más grandes a la nación”, al finalizar el evento, los asistentes interpretaron el tema Cielito Lindo, que se ha popularizado en varios eventos de unión entre mexicanos, ya sea en medio de una tragedia o un triunfo deportivo, ahora usaron el tema para “defensa del poder judicial” y cerraron la velada entonando el himno nacional.

ONU llama a reconsiderar enmienda presidencial

La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, hizo un nuevo llamado al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que reconsidere la propuesta de reforma al Poder Judicial y “garantizar la independencia judicial”.

En el marco de la discusión en comisiones de la Cámara de Diputados de dicha reforma, poco más de mil 100 jueces y magistrados de Circuito solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su urgente intervención para evitar el aval de la enmienda.

“Mientras la última propuesta de reforma judicial se somete a votación en la Comisión hoy, reitero mis profundas preocupaciones sobre sus amplias implicaciones para la independencia judicial en todo #México. Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial”, expuso en sus redes sociales.

Satterthwaite insistió en dar el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial.

Hace un mes Satterthwaite dirigió una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que alertó de que la reforma, que busca elegir por voto popular a jueces y ministros, podría “socavar la independencia de la judicatura”.

“Me encuentro especialmente preocupada por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales, que incluyen amenazas, por parte de los poderes ejecutivo y legislativo en contra de ciertos jueces, en las cuales se ha expresado desacuerdo con las decisiones adoptadas por dichos jueces”, dijo la alta comisionada.

BUSCAN APOYO INTERNACIONAL. Por separado, se dio a conocer que poco más de mil 100 jueces y magistrados de Circuito solicitaron a la CIDH “de manera urgente ejecute sus atribuciones derivadas del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para evitar la reforma judicial”.

En conferencia de prensa, encabezada por los magistrados Michele Franco González y Rogelio Alanís García, los juzgadores señalaron que su petición obedece a que con la reforma judicial se “apunta un golpe de Estado” que persigue sólo la concentración total del poder.

El magistrado José Manuel Torres detalló en su turno que la reforma va directo “y aunque se niegue hacia un golpe de Estado enmascarado”, dijo que disfrazado de “un discurso democratizador”, que en realidad persigue la concentración total del poder que anula los principios esenciales de la democracia misma.

“Con responsabilidad hacemos ver a esa Comisión, que en este momento ya se ha dado el primer paso en esa dirección, semanas de supuestos diálogos, sólo simulados que dieron lugar a un dictamen, agendado para discutirse en la Cámara de Diputados”, afirmó.

El magistrado señaló que depende de cómo se dé la jornada de este lunes que los trabajadores del poder judicial ejecuten el siguiente paso y que una vez anunciada una tentativa aprobación de la reforma actuaran ante organismos internacionales.

“No quieren jueces que limiten las arbitrariedades, quieren personas que simulen ser jueces y que avalen todas las acciones de los gobernantes en turno, pretenden un modelo de acceso que garantice lealtad al partido en el poder en lugar de lealtad a los derechos de las personas”, señaló el magistrado.

Afirmó que la petición que realizan a la Comisión “se sustenta en los estándares internacionales, entre ellos que el cese masivo de personas juzgadoras es un acto ilícito internacional por ser un claro atentado contra múltiples derechos humanos y muy especialmente contra el acceso a la justicia, la protección judicial y las garantías judiciales”.

Claudia a Ken Salazar: “revise bien” la reforma

La Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, “conocer bien” la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) y subrayó que la enmienda es un asunto que sólo le compete a los mexicanos, luego de que el representante diplomático emitió un pronunciamiento en contra de dicho proyecto.

“El diálogo nunca está cerrado, pero hay cosas que nos competen a los mexicanos y hay otras que sí nos competen a la relación; entonces, el tema del Poder Judicial es una decisión soberana del pueblo de México. Si después de eso quieren ver cómo está incorporado en el tratado, con gusto”, dijo en conferencia.

La semana pasada, el diplomático estadounidense advirtió que la reforma representa un riesgo para la relación comercial entre ambos países.

“La elección directa de jueces representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia en México… Amenaza la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas… Podría hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”, fueron algunas de las declaraciones de Salazar.

En respuesta, ayer, la exmandataria capitalina señaló que, antes de que se emita alguna opinión, se debe conocer la propuesta de reforma e incluso le indicó que puede consultarla en Internet.

Recalcó que el diálogo con EU no está cerrado y, aunque coincidió en que el tema involucra el tratado comercial, descartó que esto atente contra el Estado de derecho y las inversiones.

“Dicen que el Poder Judicial tiene que ver con el tratado; pues obviamente, las leyes, el Estado de derecho, tienen que ver con las inversiones. Pero esta idea de que ‘si se eligen los jueces, se va a perder el Estado de derecho’, es falsa… Antes de que se opine, es importante que se conozca bien toda la propuesta, está en el Internet, la pueden revisar. Ya se está discutiendo (en la Cámara de Diputados)”, mencionó.

Calificó como “absurdo” el señalamiento de detractores contra la reforma, que acusan que ésta significará crear un ambiente “más autoritario” que el anterior, pues subrayó que, en el modelo vigente, las designaciones dependen de las propuestas que haga la Presidencia. Criticó al actual sistema de justicia por la liberación que se ha dictado para presuntos criminales o las resoluciones que echaron abajo diversas reformas del sexenio.

Recalcó que, a pesar de la estrecha relación entre ambas naciones, ello no implica que cada decisión deba ser consultada.

“Hay casos especiales como Ecuador… pero con EU siempre va a haber diálogo, pero no tenemos por qué discutir todo; hay cosas que son de las mexicanas y mexicanos y se trabajará en el asunto de difundir qué decisión tomamos las y los mexicanos para que se conozca en EU, pero es importante que se difunda qué es lo que se está planteando. Es una decisión bien trabajada”, insistió.

Negó que este hecho implique cambios en la relación con el embajador.

“Tratado no es para que cedamos la soberanía”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó platicar con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, para abordar el tema de la reforma judicial, ya que, dijo, es un asunto que le corresponde a los mexicanos: “Es como si yo pido ir a Washington a dialogar sobre la venta de armamento”.

Durante su conferencia de prensa, dejó en claro al gobierno estadounidense que no se aceptan imposiciones extranjeras bajo el pretexto de cuidar el tratado comercial entre ambas naciones, ya que éste no es para ceder autonomía.

“Diálogo siempre debe haber; el asunto es que los temas relacionados con México pues nos corresponden a nosotros; no pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que sólo corresponden a los mexicanos; es un principio básico de independencia, de soberanía. Es como si yo pido ir a Washington a dialogar sobre la venta de armamento para hacer la guerra en el mundo, ¿qué me tengo yo que meter? Este tema es un asunto de los mexicanos y se está resolviendo en las instituciones de nuestro país y ahí andan buscando la forma, dándole la vuelta, se andan por las ramas; dicen: ‘Es que como hay un tratado comercial, nos podemos meter’”, reclamó.

Apuntó que el tratado comercial no es para que los mexicanos cedan su soberanía, sino para mantener una buena relación económica y comercial que conviene a las dos naciones, pero no para que México se convierta en un apéndice, en una colonia o un Estado asociado, aun cuando, acentuó, hay algunos que lo quisieran.

El mandatario respondió al diplomático el llamado a no pelearse entre gobiernos, así como la solicitud para hablar del tema de la reforma judicial y los riesgos que implicaría la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular.

“No, no, si no es pleito, es nada más aclarar que somos países independientes y soberanos, que somos muy respetuosos de nuestra relación de amistad, de cooperación, pero no es posible que un embajador extranjero opine lo que está bien o lo que está mal en nuestro país; ésa no es la función de un embajador”, advirtió López Obrador.

IP de Canadá y EU ven riesgos por la Judicial

Cámaras de Comercio de Estados Unidos y Canadá urgieron al México a hacer caso sobre los riesgos que implica la reforma judicial al sostener que “es prudente prestar atención” cuando son varios los organismos que han advertido sobre el impacto económico y social que tendría su aprobación.

En un posicionamiento, la American Chamber of Commerce of Mexico (Amcham) recordó que la relación entre México y Estados Unidos se ha caracterizado por el diálogo y la capacidad de encontrar coincidencias ante cualquier desafío.

“En toda democracia, el camino para fortalecer el Estado de derecho debe ser evaluado, debatido y enriquecido. Cuando múltiples voces se alzan en un coro de advertencias, es prudente prestar atención. La convergencia de opiniones diversas sobre un riesgo no es mera coincidencia, sino un eco de experiencias y conocimientos compartidos”, destacó.

La Amcham recordó que mediante el Anexo 23-A del T-MEC el Gobierno de México se comprometió a tener tribunales laborales independientes; además que el Capítulo 31 sobre el uso de medios alternativos de resolución de disputas establece que “éstos mecanismos son esenciales para resolver conflictos empresariales de manera eficiente y reducir la carga de trabajo del sistema judicial”.

Asimismo, coincidió con el embajador estadounidense Ken Salazar, quien la semana pasada expresó que ésta reforma “debilitaría los esfuerzos para hacer realidad la integración económica de América del Norte y crearía turbulencia”, lo cual va en contra de la visión de prosperidad económica que se busca lograr.

“Requiere certeza jurídica, transparencia judicial y claridad en la aplicación de las leyes. Como empresas invertidas en México y generando millones de empleos por décadas pasadas y futuras, vemos en la reforma al Poder Judicial riesgos en su independencia, y un potencial retraso en la profesionalización de la justicia especializada, incremento en costos, reducción de la efectividad del sistema judicial y la generación de incertidumbre para la inversión”, dijo.

En el mismo sentido se pronunció la Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham), quien externó que la reforma judicial y la desaparición de siete órganos autónomos generan preocupación a la comunidad de negocios e inversionistas canadiense debido a los efectos negativos que puede tener “en la certidumbre, transparencia y profesionalismo en el manejo de las materias que dichos entes tienen a su cargo”.

“CanCham reitera su compromiso, impulsado desde hace más de 42 años, en la promoción del comercio e inversión entre México y Canadá. Y está convencida del inmenso potencial que la sociedad de Norteamérica le ofrece a México en los más variados sectores para su modernización e integración creciente”, dijo.

En tanto, JP Morgan sostuvo que la incertidumbre relacionada con las reformas del Plan C podrían erosionar el apetito de inversión y resultar en degradaciones de calificación crediticia.