Touroperadoras legales pueden cometer fraudes

Agencias turísticas legales también pueden incurrir en fraudes como los montaviajes, esta modalidad se detectó hace 4 años y medio: empresas que cuentan con los registros para operar en el país comercializaron paquetes turísticos falsos. En lo que va del año, se ha tenido un aumento de casos del 63 por ciento respecto al mismo periodo de 2023, señaló Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

La Razón dio a conocer este lunes que la agencia de viajes Mochileros.com.mx, canceló tours de último momento y dejó a casi un centenar de personas afectadas, a quienes la empresa no les ha dado, todavía, alguna solución real.

Al respecto, Guerrero Chiprés señaló que “(los afectados deben) demandar a esa empresa, si ellos pueden documentar su experiencia por el intercambio de información que tuvieron, tienen que notificar a la Secretaría de Turismo (Sectur) que no está cumpliendo y también a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)”.

Mochileros.com.mx es una empresa que, de acuerdo con el Registro Nacional de Turismo (RNT) —plataforma que ayuda a los viajeros a contratar prestadores de servicios turísticos formales validados por la Sectur—, cuenta con dos registros: uno, como Agencia Integradora de Servicios que solicitó en diciembre de 2021, con una vigencia de 2 años y que no renovó; y el segundo, como una Agencia de Viajes, que inscribió el 12 de abril de 2024, con vigencia hasta 2026.

No obstante, la agencia comercializó viajes nacionales e internacionales desde 2014, de acuerdo con información de sus redes sociales; esto, sin tener un certificado del RNT y a pesar de que la Ley General de Turismo (LGT) establece en su artículo 48 que la inscripción al RNT “será obligatoria para los prestadores de servicios turísticos, quienes deberán cumplir con la información que determine el Reglamento”.

En ese mismo artículo se determina que “los prestadores de servicios turísticos, a partir de que inicien operaciones, contarán con un plazo de treinta días naturales para inscribirse al Registro Nacional de Turismo”; mientras que en el artículo 69 se indica que, si la inscripción no se realiza en los plazos que establece la Ley, las sanciones serán de 500 hasta 1,500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.

El Reglamento de la LGT, en el artículo 94, fracción I, señala que el Prestador de Servicios Turísticos está obligado a renovar cada dos años el certificado que otorga el RNT; y en el artículo 95, fracción III, sostiene que el registro podrá ser cancelado si existe un procedimiento administrativo en contra del prestador por “incumplimiento a las disposiciones de la Ley, al presente Reglamento o a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Turismo”.

De acuerdo con la Sectur, el objetivo del RNT es avalar que las empresas inscritas son legales y reguladas por las instancias de gobierno, “esto garantiza un buen servicio y en caso contrario, se tiene detectado al responsable”.

IMPACTO ECONÓMICO. “Uno trae los gastos fijos, sinceramente tuve que juntarme con compañeros para dividir los gastos de los hoteles … con ellos me salió en 40 mil pesos y pues esos 40 mil, más todo lo que yo gasté acá, fue muchísimo”, señaló una persona afectada y quien pidió guardar el anonimato.

“Ni siquiera fueron para decir: no conseguimos boletos para Tomorrowland, sigamos el mismo tour (por las dos ciudades restantes) ya sin los días del Tomorrowland, pero no, simplemente mandaron el correo de cancelación y listo”, dijo.

Consideró que no confía en las opciones que ofreció Mochileros.com.mx (cambio de tour para 2025 y monedero electrónico). “Con todo esto que hicieron, yo la verdad no quiero ni que se quede en monedero ni que me lo cambien por otro tour, sino que me regresen mi dinero”.

Datos del Consejo Ciudadano sostienen que cerca del 15 por ciento de las personas que sufren engaños por paquetes falsos, pierden más de 100 mil pesos.

Guerrero Chiprés aseveró que este tipo de agencias se convierten en “depredadores patrimoniales en la medida que incurren en fraude o engaño; además que “lastiman profundamente la relación de confianza que debe existir en el mercado para que las personas tengan certidumbre”.