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Arturo Damm Arnal

De los impuestos (5/5)

PESOS Y CONTRAPESOS

Arturo Damm Arnal
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Por:

El gobierno es un mal necesario. Necesario por el bien que debe proveer: prohibir, prevenir, castigar y obligar a resarcir la violación de derechos, que realmente lo sean (no hay que confundir necesidades y/o intereses con derechos).

Mal por la manera de financiar su provisión: cobrando impuestos, obligando a los ciudadanos a entregarle, bajo amenaza de castigo, parte del producto de su trabajo, para lo cual hay que buscar la justificación correcta, que consiste, (i) en que se cobre el mismo impuesto a todos para darle a todos lo mismo, (ii) en que el gobierno se limite a la realización de sus legítimas tareas, aquellas a las cuales no puede renunciar sin dejar de serlo: prohibir, prevenir, castigar y obligar a resarcir la violación de derechos, todo lo cual puede sintetizarse en el concepto impartición de justicia.

Lo que propongo es el impuesto único (ni uno más), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), universal (sin excepción ni de objeto ni de sujeto gravable), no expoliatorio (para financiar nada más las legítimas tareas del gobierno), a la compra de bienes y servicios de consumo final (no al ingreso, no al patrimonio, no a la inversión).

Si el año pasado el gobierno se hubiera limitado a la realización de las tareas relacionadas con legislación, justicia, seguridad pública y seguridad nacional (todo lo cual tiene que ver con prohibir, prevenir, castigar y obligar a resarcir la violación de derechos, sus legítimas tareas), con un impuesto único, homogéneo, universal, no expoliatorio, a la compra de bienes y servicios de consumo final, del 1.24 por ciento, ¡sí: 1.24 por ciento!, hubiera sido suficiente para financiarlas, lo cual nos da una idea del engendro tributario que padecemos, consecuencia de que el gobierno hace más, mucho más, de lo que legítimamente le corresponde, siendo, desde el educador de la gente, hasta el petrolero de la nación.

El año pasado el 9.01 por ciento del gasto gubernamental se destinó a financiar sus legítimas tareas (legislación, justicia, seguridad pública y seguridad nacional); el 64.68 fue gasto en desarrollo social (redistribución del ingreso); el 26.34 restante fue gasto en desarrollo económico (inversiones que no son legítima tarea del gobierno sino del sector empresarial). El año pasado el 90.99 por ciento del gasto del gobierno se destinó a financiar tareas que legítimamente no le corresponden, razón por la cual el cobro de impuestos para financiarlas es una expoliación legal, que es la esencia del engendro tributario que padecemos, consecuencia del engendro presupuestario que toleramos.

Cobrar impuestos implica que el gobierno obliga al ciudadano a entregarle parte del producto de su trabajo, lo cual, siendo legal, es injusto. ¿Cómo justificar correctamente esa injusticia, justificación que los anarcocapitalistas consideran imposible? Cobrando el mismo impuesto a todos (para que no haya redistribución en el cobro), para darle a todos lo mismo (para que no haya redistribución en el gasto). El impuesto que debe cobrar es el único, homogéneo, universal, no expoliatorio, a la compra de bienes y servicios de consumo final. Lo que debe dar es prohibir, prevenir, castigar y obligar a resarcir la violación de derechos.

En México padecemos un engendro tributario, consecuencia del engendro presupuestario.