Por una evaluación objetiva de las condiciones sociales

No existe mejor indicador del progreso económico y social para un país como el de la reducción de la pobreza. Los logros y ventanas de oportunidad que en esta materia se reportan no deben ser socavados por los ánimos políticos y electorales que hoy en día prevalecen.

En este sentido, los resultados expuestos por el Inegi a través de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y la estimación de la pobreza elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), ambos ejercicios estadísticos presentados mediante los indicadores elaborados con profesionalismo y eficiencia dan cuenta de los avances y retrocesos en materia social.

Cabe aclarar que son el principio y no el fin del análisis e investigaciones de las condiciones que prevalecen en la población en términos de desigualdad y pobreza en México. Por ello, utilizar ambos bloques de información con fines distintos a la investigación y formulación de políticas que coadyuven a la mejora de las condiciones sociales puede resultar faccioso y oportunista, a la vez que no contribuye en nada al bienestar social que es el principal objetivo.

La definición de pobreza del Coneval tiene un amplio espectro que no solo incorpora el bienestar económico sino también los derechos sociales: “…es un fenómeno multidimensional que comprende aspectos relacionados con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades e imposibilitan su plena integración social”, por lo tanto, tratar de vincular los resultados de pobreza multidimensional a un sólo aspecto, ya sea que incorpore solo avances o retrocesos, carece de profundidad y seriedad y, por tanto, resulta insuficiente, incluso hasta erróneo.

En este sentido, el concepto de “pobreza multidimensional” debe ser evaluado en el todo y sus partes, a fin de fortalecer el análisis y formulación de políticas que fortalezcan los logros y focalicen las insuficiencias en materia social, fundamentalmente hacia los sectores más desprotegidos de la población. Asimismo, esta evaluación holística de la pobreza requiere necesariamente de incorporar el contexto histórico bajo el cual se realiza la medición de la pobreza. Es impensable, por ejemplo, evaluar los recientes resultados del Coneval y de la ENIGH sin considerar que fueron elaborados poco después de la pandemia y la crisis económica más grande del país, la alta inflación, las reglamentaciones que apoyaron el avance del empleo formal y los salarios, especialmente la remuneración mínima, el cambio en la modalidad de la política de salud, etc.

También hay que tomar en cuenta las limitaciones metodológicas de la información. Pongo un ejemplo que reiteradamente ha sido mencionado por el Centro de Estudios Latinoamericanos (CEMLA). La cobertura de las transferencias del exterior, principalmente remesas, que reporta la ENIGH es dramáticamente baja, sólo el 8% de lo que reporta el Banco de México. Además de que resulta contraintuitivo que la distribución de estas transferencias entre la población es mayor conforme se incrementa el nivel de ingreso. Quizá una mayor precisión en este punto podría mejorar el cálculo de pobreza que hace el Coneval.

En consecuencia, una evaluación de la pobreza multidimensional no es una tarea fácil, requiere seriedad, profesionalismo y sobre todo objetividad. Si bien los grandes resultados presentados por el Inegi y el Coneval tienen un balance positivo en la medida que muestran claramente una disminución de la pobreza y la desigualdad en 2022 respecto a ediciones anteriores, incorporando también importantes ventanas de oportunidad en materia de salud y educación, el análisis e investigación de la información deben tener impacto y profundidad mucho mayores. Como bandera política su utilidad es nula.