Torres de expedientes

La decisión de concretar una reforma total del Poder Judicial de la Federación —que llevaría a los jueces, magistrados y ministros a someterse a la voluntad popular en las urnas y a desaparecer al Consejo de la Judicatura Federal, su órgano vigilante y sancionador— conduciría al colapso de la aplicación de la justicia en el país.

Una transición en el Poder Judicial de la Federación, como la que quiere la 4T, llevaría al menos una década concretarla sin garantizar su eficacia, y el oficialismo, hasta anoche, no decía nada de una reforma integral que alcance a los Ministerios Públicos, a las policías, a la recomposición del tejido social. Así menos se logrará una justicia como la que merecen los mexicanos.

Primero veamos con qué contamos: el Censo Nacional de Impartición de Justicia del INEGI advierte que en el Poder Judicial de la Federación hay cerca de 55 mil trabajadores, de los cuales 7% laboran en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3.4% en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el 89.6% en el Consejo de la Judicatura Federal.

Dentro del PJF hay mil 483 órganos, de los cuales casi el 95% están en la Judicatura y son 273 Tribunales Colegiados de Circuito, 101 Tribunales Unitarios de Circuito, 449 Juzgados de Distrito, 41 Centros de Justicia Penal Federal; hay además un Centro Nacional de Justicia Especializado, 43 Tribunales Laborales Federales, 13 Plenos de Circuito y 486 Unidades Administrativas. Claro, el pleno de la Suprema Corte y el del Tribunal Electoral, el cual tiene 5 salas regionales y una especializada.

Parece mucho pero en realidad es insuficiente en México, un país con 120 millones de habitantes.

Las cifras de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal reflejan una carga de trabajo abrumadora, pero que aún así avanza. Veamos todo referente al periodo que va de noviembre de 2023 a julio de 2024:

El total de asuntos en los órganos jurisdiccionales abordados en este periodo fueron 1 millón 508 mil 108 ingresos y 1 millón 506 mil 597 egresos, mensualmente la carga promedio de trabajo fue de 620 mil casos y agosto inició con un pendiente de 430 asuntos.

Ahora veámoslo por tres áreas:

En materia penal entraron al poder judicial 154 mil asuntos con una carga promedio mensual de 65 mil casos, en materia administrativa tuvo un ingreso de 334 mil asuntos con una carga promedio mensual de trabajo de 154 mil de ellos; y en materia civil el PJF recibió le ingresaron 696 mil asuntos.

Aun con esta carga de trabajo la 4T pretende llevar a las urnas la elección de jueces, magistrados y ministros. Unas preguntas que retratarían un poco el caos que puede generar este tema en los mexicanos que deben recurrir a un tribunal federal para resolver algún conflicto son:

¿Qué pasaría con los juicios que están resolviendo los jueces que serían removidos al momento de aprobarse la reforma?, ¿qué pasaría con los juicios que ya resolvió un juez que es removido, pero puede ir a las urnas y pierde ante la popularidad y la operación política de la 4T?, ¿cómo garantizar que por intereses políticos o criminales no haya jueces de consigna?

El entramado del Poder Judicial de la Federación no se reduce sólo a jueces, magistrados y ministros, su trabajo es especializado y hay un sistema profesional de carrera que garantiza que las mujeres y hombres que lleguen a impartir justicia cuenten con la experiencia y los conocimientos para hacerlo lo mejor posible.

El tema para lograr una justicia real y aniquilar a la impunidad está en otras partes, en el Ministerio Público, en la policía de investigación, en la prevención del delito, en la fortaleza y blindaje del tejido social. Pero la reforma va.

RADAR

DIÁLOGO, LA DEMANDA DEL INAI. Nos hacen ver que ayer los integrantes del pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) lanzaron una serie de advertencias al Poder Legislativo sobre su eventual desaparición como órgano autónomo y el impacto que ello puede tener en los compromisos internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

La coincidencia de las y los comisionados del INAI es la necesidad de proteger el derecho humano de los mexicanos del acceso a la información, que el Legislativo debe ir a un diálogo real con el Instituto para construir en conjunto y garantizar la vigencia plena de los derechos que tutela el organismo. Recordaron que el INAI tiene un origen ciudadano y es patrimonio de los mexicanos.