Ayotzinapa, año 9: el oscuro laberinto

Ayer fue el noveno aniversario de los horrendos acontecimientos de Ayotzinapa, que enlutaron directamente a 43 familias y, en general, al país. Veamos una revisión de los “avances” del caso.

Uno de los pocos aciertos que tuvo esta administración en sus inicios fue la apertura de un canal de comunicación directa con los padres de los desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos —en contraste con la pérdida de confianza hacia el gobierno de Enrique Peña—; sin embargo, esa interlocución se deterioró paulatinamente, al grado de que, en este aniversario, lo que priva es un entorno de encono y reprobación hacia el gobierno, manifestado en el plantón frente al Campo Militar #1 de la Ciudad de México y las protestas reproducidas en el país.

Hace un año, la comisión investigadora del caso llegó a una conclusión inequívoca que, en general, fue bien recibida: se trató de un crimen de Estado. No fue menor ese reconocimiento. Pero lo que han quedado a deber, desde entonces y a la fecha, tanto la comisión como la Fiscalía General de la República y el Gobierno Federal, son las acciones correspondientes para hacer justicia y reparar el daño.

Así pues, los últimos doce meses dejan más sinsabores que aciertos. No es ninguna novedad que el máximo responsable de la protección de los derechos humanos del gobierno, el subsecretario Alejandro Encinas, ha escenificado notorios desencuentros con el Ejército sobre el papel que éste desempeñó en los sucesos de Ayotzinapa. En ese contexto, en mayo de este año se dio a conocer que dicho funcionario fue sujeto de espionaje por Pegasus, el sistema de vigilancia cuya licencia solamente pueden adquirir gobiernos.

Hace un mes, Karla Quintana Osuna, extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, presentó su renuncia ante el desastre en la publicación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esto tiene mucha lógica: ¿quién va a querer ser señalado ante la presentación de un padrón tardío, rasurado, mal hecho, donde fallan los registros de cuestiones tan elementales como el cabal reporte sobre personas desparecidas que fueron encontradas vivas o muertas? A esto hay que sumar el hallazgo, a principios de este mes, de los 23 mil mensajes inéditos que la DEA interceptó sobre el caso Ayotzinapa y que reportó el New York Times.

Y todo lo anterior, en el contexto de la presentación, en julio, del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado en 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como se sabe, en ese informe el GIEI sus voceros manifestaron su profunda frustración y extrañamiento por la falta de cooperación del Gobierno en la investigación sobre el caso. Lejos de encontrar mecanismos de colaboración, lo que ha obtenido el GIEI es, ahora, una descalificación de las investigaciones realizadas, a la usanza de lo que ha sucedido a lo largo del sexenio hacia todo aquel que no comulgue al 100% con la narrativa oficialista: es señalado como un “adversario” del régimen.

Todo esto es muy lamentable. A un año y 4 días de que termine el actual gobierno, y a nueve años de los sucesos de Iguala, es escandaloso que no se haya resuelto el caso; que, ante la ausencia de una investigación contundente, sigamos como país sin saber qué pasó, sin reparar a las víctimas y sin emitir las garantías de no repetición.