La carrera de Milei contra el déficit

“No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock” fue una de las frases que más repitió Javier Milei durante su toma de protesta como nuevo presidente de Argentina, en donde advirtió a sus seguidores que el panorama económico no sólo no mejoraría, sino que sería mucho peor a partir de sus medidas. “Prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable” fue una de las últimas frases de un discurso de inauguración que, más que verbena política, parecía una sombría clase de economía.

Un par de días después, el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, difundió un video señalando las 10 medidas inmediatas que el Gobierno tomaría: devaluación inmediata de la moneda en 50%; reducción de los subsidios para energía y transporte; reducción de la nómina del Gobierno para todos aquellos contratados el último año; suspensión de los gastos para publicidad oficial; disminución de transferencias a gobiernos locales; suspensión de los impuestos a la exportación; agilización del sistema para importar bienes; disminución de 18 a 9 ministerios y las secretarías (oficinas más pequeñas, especializadas en ciertos temas públicos) de 106 a 54; el apuntalamiento de un par de programas sociales y, por último, la suspensión de todas las obras públicas que no se hubieran comenzado a construir y la detención de todos los procesos posteriores de contratación.

El objetivo de todas estas medidas es aplicar la sierra eléctrica que tanto presumió Milei en campaña para disminuir de manera drástica el gasto público y, así, lograr acercarse al equilibrio fiscal, que es el fin último declarado por Milei. Es decir, que el Gobierno gaste menos dinero del que ingresa. Para lograrlo, el recorte tendría que ser de alrededor de 5.8% del Producto Interno Bruto argentino, un auténtico frenazo de golpe a la trayectoria del gasto actual.

El problema es que sacar a la economía argentina de los números rojos podría requerir todavía más medidas de las anunciadas, pues hay que considerar que la disminución de subsidios, más la reducción de transferencias, sumadas a las obras públicas, podrían llevar a una disminución del gasto de alrededor de 3.5%. Sin embargo, medidas como la apertura comercial, podrían implicar una disminución de ingresos de hasta 2.8% del PIB porque el Gobierno dejaría de recaudar impuestos en esta materia, por lo que el ajuste total podría ser mucho menos significativo, aunque no menos dramático en sus consecuencias. Probablemente por ello, aun cuando el déficit fiscal es el centro del discurso de la nueva administración, resulta curioso que no se ha establecido una promesa puntual en cuanto a la cifra que se espera obtener después de las medidas.

Si bien Milei ha intentado comprarse tiempo declarando que la situación empeorará para después mejorar, ha iniciado una carrera a contrarreloj, pues la paciencia de los ciudadanos, aún cuando apoyen mayoritariamente al Gobierno, tiene un límite cuando se trata de afectaciones al bolsillo, más si a la mitad del camino se requieren todavía más ajustes y enfrentar peores consecuencias. El panorama es sombrío y, peor, aun es incierto si la medicina puede resultar todavía más devastadora que la enfermedad.