El no tan extraño caso de las placas que se despintan

El problema venía creciendo de tiempo atrás y parecía ser un caso aislado; sin embargo, se fue replicando en varios estados hasta encender las alarmas.

Y ya la semana pasada llegó a la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Es un tema que involucra la existencia de contratos por servicios fallidos y para muchos hasta con alientos que rayan en la posibilidad del fraude.

Las miradas están puestas sobre la empresa Placas y Señalamientos Mexicanos, contratada en Hidalgo, Querétaro, Veracruz y en el Estado de México, para efectuar programas de reemplacamiento. El problema es que una vez acometidos las láminas que se proveen, y que para efectos de reordenamiento deben tener las matrículas claras, en este caso a las primeras asoleadas o mojaditas ¡se despintan!

Apenas en mayo del año pasado, a causa de este problema, diversas áreas de Gobierno de las entidades involucradas tuvieron que sustituir gratuitamente las placas. Es el caso de Veracruz, donde los automovilistas afectados debieron acudir a las oficinas de Hacienda del estado con un formulario previamente llenado a reclamar láminas nuevas.

En su momento se trató de minimizar los casos, pero funcionarios que se dedican a la fiscalización y sobre todo ciudadanos levantaron la ceja al enterarse que en esa entidad el pago a la referida empresa fue de 111 millones 871 mil 500 pesos de acuerdo con diversos reportes periodísticos.

Otra entidad que se vio obligada a establecer mecanismos de reemplazo de las placas fue Querétaro, donde se informó que la Secretaría de Finanzas dio vista a la Contraloría para realizar el deslinde de responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. Ahí se calculó que más de cinco mil juegos de placas tuvieron pintura chafa.

En Querétaro la inversión por las placas ascendió a 243 millones 569 mil 693 pesos y hasta marzo pasado se había reportado que había 4 mil 400 placas despintadas y habían sido reemplazadas por el proveedor.

No es la primera vez; sin embargo, que esta empresa se encuentra bajo el escrutinio de la autoridad, pues antes se conoció que fue objeto de una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia Económica que encabeza Andrea Marván, en la cual además de Placas y Señalamientos Mexicanos se incluyó a Accesos Holográficos, Zeitek Soluciones y Appli-K, vinculadas a José Ramón Bautista Pérez Salazar y Rafael Artasánchez Bautista.

En los casos más graves expertos del sector presumen que no cumplió a cabalidad el apartado 5.3.6 de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, la cual señala que la pintura utilizada en los caracteres y línea perimetral, debe ser químicamente compatible con la textura reflejante y transparente (excepto blanco y negro).

Dice a la letra: “La pintura debe hornearse de manera tal, que garantice la adherencia permanente de las tintas a la superficie de la textura reflejante y mantenga sus características (brillo, color y apariencia) de día y de noche en cualquier condición climatológica, durante un periodo no menor de tres años, sin presentar desvanecimiento, cuarteaduras o desprendimientos”.

Se brincaron la norma, pues. Y en la mañanera donde brincó el asunto, López Obrador fue breve pero claro en favor de “mejorar la calidad de las placas”.

Con lo anterior, las entidades que ya contrataron a las firmas señaladas de esta deficiencia tendrán que estar muy pendientes de un tema que no quedará en un jalón de orejas.

Alessandra firme; báscula a Montoya. La que no se amilana es la alcaldesa electa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien rechaza la absurda tesis del autoatentado durante su campaña electoral que han intentado deslizar la Fiscalía de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Es por ello que José Luis Nassar, abogado de la alcaldesa electa, solicitó a tales autoridades “respetar el sigilo que debería guiar a una investigación”, ya que aún están en una etapa temprana para aventurar conclusión alguna.

El litigante expuso que desde el día de los hechos han encontrado atrocidades que no sólo constituyen actos violentos de género y revictimización, sino que también son violatorios a derechos humanos protegidos por la Constitución y Tratados Internacionales.

Por ejemplo, Nassar Peters lamentó que el pasado 10 de junio, en medios de comunicación se difundiera un video en donde el encargado de la Fiscalía capitalina sostiene que el hecho que puso en peligro la vida de la entonces candidata se trataba de un “autoatentado”; acusaciones por demás graves que no tienen ningún sustento dentro de sus propias líneas de investigación y que conllevan “a una enorme irresponsabilidad en el servicio público a su cargo”.

El representante legal de Rojo de la Vega lamentó que la fiscalía capitalina invierta tiempo y recursos para intentar distorsionar a la opinión pública en vez de investigar con seriedad los delitos que a diario se comenten en la capital.

Y tal vez no se trate sólo de un exabrupto de quienes fueron derrotados en las elecciones de “la capital de la capital”.

Hay algo más, pues el equipo de la alcaldesa electa ya conoce y empieza a realizar pesquisas: la manera en que el alcalde sustituto, Raúl Ortega, recontrató a Diego Montoya Mayén como director de recursos materiales y servicios auxiliares pese a tener procedimientos de inhabilitación por adquisiciones “a modo” con moche incluido y separado del cargo por usar el nombre de Sandra Cuevas —cuando fue alcaldesa— para “pasar la charola”. Hoy, con un presupuesto de 120 millones de pesos a su disposición, Montoya está bajo la lupa.