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Mauricio Flores

El secuestro de los reguladores del Estado

GENTE DETRÁS DEL DINERO

Mauricio Flores
 *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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No es un asunto nuevo, no es propio de esta administración, pero se mantuvo constante durante los últimos 5 años pese a la promesa de que el Estado retomaría el control de institutos, comisiones reguladoras de “tercera generación” que fueron, paulatinamente y de diversas maneras, tomadas por despachos, bufetes de abogados y empresas que influyen de manera directa en las decisiones de gestión pública; entre los asuntos que quedarán inconclusos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador está romper el “secuestro regulatorio” que han padecido tales instituciones del Estado mexicano.

Es conocido, por ejemplo, el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Javier Juárez, donde existe una clara influencia de empresas gigantes, o en la misma Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a cargo de Alejandro Svarch, e incluso en el Instituto Nacional de Cancerología, donde una firma global dicta las pautas de investigación y puede incidir en la definición del catálogo de compras gubernamentales.

Son conocidas las estrategias, a veces sutiles, a veces no tanto, algunas elegantes otras sólo por costumbre, despachos y empresas van más allá de la actuación legítima de los intereses de sus clientes y propios que corresponde al diálogo obligado (e imprescindible) en un Estado de derecho.

Hace un mes, cuando López Obrador se refirió a esas interferencias en la operación de las agencias regulatorias, lo hizo con conocimiento de diversos expedientes que también, por ejemplo, se extienden a afamados despachos de abogacía corporativa como Uhthoff-Gómez Vega, de Javier Uhthoff, Goodrich-Riquelme y Asociados, a cargo de Enrique Díaz, Basham, Ringe y Correa, al mando de Francisco Tiburcio, y Arochi & Lindner, de Roberto Arochi.

Las maneras en que el actual gobierno ha buscado atajar esas “interferencias institucionales” no han sido siempre afortunadas; a menudo provocan problemas más grandes –como el desabasto de medicamentos– que los que pretendían resolver y dan paso a negocios “a modo” para la intermediación de todo tipo de equipos y obras que requiere el sector público.

Pero de que están bajo la lupa, están bajo la lupa…, y faltando menos de un año para el fin de este sexenio, bien puede venir otro manazo sobre el escritorio de Palacio Nacional.

Xóchitl Gálvez y “eventos de fuerza”. El primero de ellos fue el viernes 8 de septiembre, organizado por el PRI, donde Alejandro Moreno logró una fuerte convocatoria con la mayor parte de exgobernadores y expresidentes de ese instituto…, pero, sobre todo, mostrando las fuerzas territoriales del priismo que acogieron como propia a quien será con seguridad la candidata a la Presidencia 2024 por el Frente Amplio por México. El sábado 9, una reunión masiva de mujeres de Acción Nacional mostró gran emotividad y adhesión irrestricta con la senadora. Y el domingo 10, otro evento masivo, esta vez en Durango, con la compañía de los grupos de ciudadanos ligados a los partidos del Frente. En Sonora, Gálvez mostró otra vez músculo para la movilización, ahí donde exigió “ponerse a trabajar” al gobernador Alfonso Durazo, que días antes tuvo el mal tino de hacer a la virtual candidata opositora “la nota periodística”, al catalogarle de folclórica, pintoresca y fake. Vienen las movilizaciones de miles de personas en Coahuila, Chihuahua y Nuevo León.

Y eso que aún no empieza formalmente el proceso electoral.

Gómez Cazarín, impunidad a la veracruzana. Se le siguen juntando las papas calientes al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, pues recién fue arrestado Pompeyo Castillo Navarrete, integrante de su primer e íntimo círculo de seguridad: fue detenido en la zona de Los Tuxtlas, con armas de fuego y drogas que, conforme al parte oficial, lo vincularía con grupos criminales que operan en la región.  Apenas, en julio pasado, un primo de Gómez Cazarín fue detenido con armas de uso exclusivo del Ejército en Hueyapan.

Ahora, falta que el diputado local aclare esta situación.