Gobierno acelerado

A dos semanas de asumir el cargo como Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum ha impulsado de forma decidida y acelerada su agenda. Ya presentó un paquete de reformas para garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres, inició los preparativos para la elección de jueces, ministros y magistrados proponiendo reformas a la LGIPE y la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se aprobó la reforma para que el aumento de los salarios mínimos nunca estén por debajo de la inflación y se aprobó también que CFE y Pemex vuelvan a ser empresas públicas del Estado.

Están pendientes y por verse en los próximos meses las reformas orgánicas para incorporar las funciones de órganos constitucionales autónomos como la Cofece, el Inai o el IFT al Poder Ejecutivo y la creación de la Agencia Digital de Transformación que estará encargada de la política digital del país. El ritmo con el que Sheinbaum está llevando a cabo su agenda y la continuación de la Cuarta Transformación, le ha servido, de acuerdo con una encuesta realizada por De las Heras, para que el 87% de los encuestados opine que al país le irá mejor bajo su gobierno.

El ritmo acelerado con el que trabaja Sheinbaum se debe a la determinación de su gabinete por actuar rápido, pero también al bono democrático con el que cuenta su gobierno en el Congreso que le permite aprobar sus reformas con facilidad y sin interferencias. No obstante, la naturaleza de las reformas que se han aprobado y los avances en su agenda de gobierno tienen una alineación y una coherencia ideológica con las de su predecesor. Esta situación hace que no se hayan presentado todavía fricciones en un Congreso, sí, dominado por el partido en la Presidencia pero repleto de personajes políticos de muy alto nivel y con diferentes agendas.

El estado actual se puede ir desgastando o mutando conforme avance el sexenio y se defina el presupuesto federal para 2025. El déficit fiscal en el que incurrió el Gobierno mexicano para poder finalizar los proyectos de infraestructura que se ha planteado como un evento transitorio, que deberá de controlarse en los años subsecuentes. Esto implica una disminución del gasto público o un incremento en los ingresos del Gobierno. Por lo pronto, la Presidenta no ha anunciado una reforma fiscal y no se ha iniciado de manera formal con los procesos de simplificación de trámites que permitan eficientar la recaudación. Esto significa que deberá reducir el gasto público.

La reducción del gasto público suena contradictoria de cara a un plan de gobierno que ha anunciado la construcción de trenes, polos de desarrollo, parques industriales, renovación de puertos, carreteras y demás proyectos de infraestructura, a la par que amplía las becas para estudiantes, las pensiones para mujeres y adultos mayores y el robustecimiento de programas sociales. Esta situación lleva al gobierno de Sheinbaum a buscar fuentes de financiamiento a partir de incorporar a distintos sectores a estos proyectos de desarrollo ya sea con asociaciones público privadas, a generar las condiciones para el desarrollo de industria e inversión privada que permitan incrementar la recaudación y los ingresos públicos y, en fin, mejorar la relación no sólo de los grandes empresarios con el gobierno, sino con el sector empresarial en su conjunto. Es un reto que se resolverá por lo menos en los primeros tres años de su sexenio.

Por lo pronto, en el US-Mexico CEO Dialogue el Gobierno mexicano anunció una inversión de 20 mil millones de dólares entre empresas de gas, petroleras, tecnológicas y turísticas. Un éxito y un gesto de confianza tanto del empresariado como del Gobierno para redefinir una relación que se tensionó con la reforma al Poder Judicial y la preocupación por un Congreso controlado por Morena. No obstante, dicha confianza se debe cultivar de manera sostenida en el tiempo.

Más allá de las posturas a favor o en contra de la reforma judicial, la agilidad con la que se discutió y aprobó la iniciativa en el Congreso, así como las subsecuentes, a pesar de mesas de diálogo que poco movieron la posición inicial del Gobierno, son una advertencia que con este Gobierno no se juega y que tienen el poder para legislar y regular con una facilidad inusitada, sin tener que obedecer a nadie.