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Ubaldo Díaz

Legisladores y funcionarios locales y federales tendrán que guardar silencio

LOS BAZUCAZOS DE UBALDO

Ubaldo Díaz 
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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Diputados locales y federales, alcaldes, gobernadores y el Ejecutivo Federal tendrán que guardar silencio en lo que respecta al proceso de Revocación de Mandato, pues así lo señala la Constitución General de la República. En las mañaneras tendrán que tocar temas de salud, de urgencias o de medicinas, pero no se podrá presumir la obra pública ni los programas sociales. Serán varias semanas de silencio.

En un debate abierto con Morena, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, reconoció que es absurdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se puede pronunciar sobre la revocación de mandato, y señaló a los partidos políticos y legisladores de haber impuesto esa prohibición en la Constitución y la Ley Electoral.

Al participar en el foro "Reforma Política en la Cuarta Transformación", organizado por senadores de Morena, el presidente del organismo electoral incluso propuso que en una virtual reforma electoral se modifique la ley para que se quite la prohibición a los actores y partidos políticos sobre pronunciarse en cuanto a las consultas populares.

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En Querétaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es necesario una reforma electoral. Se busca una ley en la cual los consejeros y magistrados electores no sean empleados del Presidente o de los partidos políticos. Sin embargo, en la reforma tendrían que sumarse otros criterios para el financiamiento de los partidos políticos.

Y recortar el presupuesto para el propio Instituto Nacional Electoral (INE). Todo mundo sabe que la democracia a la mexicana es una de las más caras del mundo.

Por ejemplo, sus consejeros tienen sueldos que superan lo que gana el mandatario tabasqueño. Además, para proteger sus salarios acudieron a amparos. Cabe señalar que existe un financiamiento a los partidos políticos de miles de millones de pesos.

Cada año, las organizaciones políticas reciben dinero público para su propaganda, mantenimiento de sus instalaciones y salarios de empleados.

En este renglón debe revisarse la reforma electoral. Deben ser los propios partidos los que busquen los recursos para sus múltiples gastos.

Se alega que de aprobarse esas condiciones de autofinanciamiento se abrirían canales para aportaciones económicas del crimen organizado. En fin, lo importante sería que los partidos políticos, dentro de la legalidad, consigan los medios económicos para su mantenimiento.

El dinero público que va a las organizaciones políticas serviría mejor para otras causas mas nobles. Una de ellas sería el combate a la pobreza.

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Desde el 26 y 27 de septiembre de 2014, los estudiantes Ayotzinapa fueron privados de la liberta en Iguala, Guerrero. A partir de esa fecha nada se sabe de los normalistas. Padres de los normalistas y estudiantes se dedicaron a exigir a las autoridades que aparezcan los secuestrados.

El gobierno prometió resolver el caso, pero no lo ha hecho. Mientras, continúan las protestas ante la pasividad de las autoridades en las investigaciones.

La respuesta nula del gobierno federal a las peticiones de padres de familia y estudiantes provocó un enfrentamiento entre los jóvenes y los representantes de la fuerza pública en la caseta de cobro de Palo Blanco, en la autopista México-Acapulco.

Ese hecho violento, registrado el viernes, dio como resultado 22 uniformados y 20 manifestantes lesionados, tres de los cuales fueron hospitalizados. Los jóvenes que protestaban utilizaron un camión que lanzaron contra elementos de la Guardia Nacional.

La investigación no avanza. Los padres de los estudiantes desaparecidos y los estudiantes demandan respuestas urgentes.

Nadie parece que se encuentre en condiciones de ofrecer soluciones.

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El grupo parlamentario del PAN condenó la violencia y humillación hacia niñas, niños y adolescentes en situación de calle, ello, dentro de albergues que administra el Gobierno de la CDMX y donde ha predominado el silencio por parte de su titular, Claudia Sheinbaum.

El coordinador de la bancada, Christian Von Roehrich, calificó de reprobable e inhumano que en los albergues del gobierno de Morena los menores de edad tengan como destino el sufrimiento y ser víctima de burla de entre quienes ahí trabajan, en este caso del albergue “San Bernabé”.

Por ello, el panista dijo que el cese de Nadia Troncoso debe ser inmediato y dar explicaciones por maltrato infantil, falta de alimentación, vestimenta y cumplimiento a sus derechos humanos.

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Al hacer un llamado a los normalistas de Ayotzinapa a no caer en actos que provoquen reacciones negativas por parte del sector conservador mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el Gobierno de México tiene información de que hay gente dedicada a actividades ilícitas infiltradas en este movimiento.

Pero la administración federal nada hace parta encontrar a esos delincuentes. Cuando fue oposicion cuestionaba la pasividad de las anteriores administraciones y les daba la razón a ese grupo de asaltantes. Hoy solo declara su rechazo a esas actitudes, a La violencia con que actúan. Estuvieron a punto de provocar una desgracias al aventarle a la policía un tracto camión, sin conductor.

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El asesinato de cinco comunicadores en las primeras cinco semanas del 2022 pone en evidencia que no está funcionando el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero, sobre todo, la urgencia de que el Gobierno Federal evalúe, corrija la estrategia y dote de recursos suficientes, manifestaron las y los senadores de Movimiento Ciudadano.

“Es urgente que la Secretaría de Gobernación, de la que depende el Mecanismo de Protección, convoque a un gran diálogo a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, académicos y especialistas en materia de seguridad, para evaluar y corregir la estrategia, a todas luces rebasada por la crisis de violencia”, señaló el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Clemente Castañeda.

“No basta con que el Gobierno Federal y sus secretarios salgan a condenar y prometer justicia a las y los familiares, amigos y colegas de los periodistas asesinados en México; lamentablemente, la promesa de que no habrá impunidad, es ya un doloroso disco rayado”.