Fallas de Alerta Amber; cuando la muerte le gana a la búsqueda de niños perdidos

El asesinato de la niña Fátima, el 15 de febrero de 2020, conmocionó a México. La menor, de apenas siete años, torturada y abusada sexualmente después de que una mujer que no era su madre la recogió en la escuela, dejó ver una cadena de negligencias en la investigación que partieron de una tardía activación de la Alerta Amber, el sistema de notificación de menores desaparecidos en el país.

Este caso fue un parteaguas en el proceso por el que pasan las personas que buscan a un menor extraviado. Fátima desapareció el 11 de febrero, sus familiares reportaron su ausencia ese mismo día, pero la Alerta Amber no se activó hasta 24 horas después, el 12, tres días después fue hallada, sin vida y con una cruda huella de violencia.

Éste no ha sido el único expediente que evidencia fallas en la activación de la Alerta Amber que terminan en tragedia. Los cuerpos desmembrados de los niños mazahuas Alan Yahir, de 12 años, y Héctor Efraían, de 14 fueron hallados en bolsas de plástico que llevaba el supuesto miembro de una banda criminal, el pasado 31 de octubre, en el Centro Histórico de la CDMX. Los adolescentes desaparecieron el 27, pero sus familias tuvieron que esperar 48 horas para que la referida alerta comenzara a circular.

La Alerta Amber es la herramienta fundamental para el tratamiento de la búsqueda de menores de edad en México. Para su operación existe un protocolo que obliga al agente del Ministerio Público a iniciar una carpeta de investigación especial, solicitando inmediatamente y sin necesidad de que transcurra plazo alguno la activación de la alerta, sólo basta tener conocimiento de ausencia, extravío, sustracción, no localización o desaparición de cualquier niña, niño o adolescente.

La falta de cumplimiento de las disposiciones para esta alerta en el caso de Fátima, y ahora, de los niños mazahuas del Centro Histórico, puso en entredicho el protocolo y encaminó un intenso debate legislativo en el Congreso de la CDMX; sin embargo, después de que se presentaron varios proyectos de ley en la materia, ninguno tuvo eco, todos forman parte de las tantas propuestas congeladas en la agenda de los diputados.

EN 2 AÑOS, 10 MENORES HALLADOS SIN VIDA

Aunque la gran mayoría de menores desaparecidos ha sido hallada con vida, desde diciembre de 2018 a diciembre de 2020, la muerte alcanzó a 10 niños y niñas cuya ausencia fue reportada por la Alerta Amber.

De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, en 2018 hubo mil 97 denuncias por sustracción de menores; en 2019, mil 893, y este 2020, con corte al 18 de noviembre (fecha en que está la información más actualizada obtenida vía transparencia) van mil 603.

La Fiscalía local informó que durante la actual administración, que comenzó en diciembre de 2018, se activaron 3 mil 496 alertas, de las que 3 mil 451 ya fueron desactivadas y actualmente hay 45 alertas vigentes.

La FGJ no especifica las condiciones en las que los menores fueron localizados; no obstante, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del Gobierno de México señala que, en esta administración de la CDMX, del 5 de diciembre de 2018 a la fecha, 10 menores de edad fueron localizados sin vida y 604 están desaparecidos.

Juan Manuel Pérez García, director ejecutivo de la Red de los Derechos de la Infancia México (Redim), señaló que la Alertas Amber en la CDMX no coincide con el número de desapariciones del Registro Nacional.

CADA AUTORIDAD LA APLICA COMO QUIERE

Es importante aclarar que la Alerta Amber no es el protocolo con el que las autoridades buscan a niñas, niños y adolescentes desaparecidos, sino que es parte de él. Se trata de una herramienta para publicitar la ausencia. “El gran problema es que, al quedar su activación en (manos de) cada Fiscalía, éstas pueden actuar de manera poco efectiva, lo cual fue advertido desde 2015 por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas”, recordó Juan Manuel Pérez.

En el documento Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México se insta al país a “simplificar y armonizar en los estados los procedimientos existentes para activar la Alerta Amber, que tenga como fin la búsqueda de niñas y niños desaparecidos, así como de sus madres y padres, sin demora alguna”.

En ese sentido, el activista consideró que en los diferentes niveles de Gobierno no habido disposición para atender el tema; no obstante, tiene conocimiento de que la Comisión Nacional de Búsqueda ya trabaja en ello con base en la Ley Federal de Personas Desaparecidas.

“Desde el Gobierno de México tendrá que ser revisada y colocarla en su lugar, en su sitio, porque esto depende de las fiscalías, no tienen un criterio único y no corresponde el número de personas desaparecidas en el registro nacional con las alertas Amber”, insistió en entrevista para La Razón.

LA ALERTA APLICA, INCLUSO SI SE LO LLEVÓ UN FAMILIAR

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas dice, en su artículo 7, que cuando desaparece un niño, niña o adolescente se considera que es inminente el riesgo de vida, de manera que la búsqueda debe ser inmediata.

“No importa si se lo llevó un familiar, no importa si es porque el menor se fue enojada o enojado de la casa, representa un riesgo inminente en su integridad y tiene que hacerse búsqueda inmediata, incluso sin carpeta de investigación. Lamentablemente, seguimos teniendo la práctica ilegal de las autoridades de esperar 48 o 72 horas para hacer la denuncia”, dijo Juan Manuel Pérez, quien señaló que justo este obstáculo complicó la búsqueda de Fátima y de los niños mazahuas.

ALERTA, COLMADA DE PRÁCTICAS ILEGALES

Todos los días, Jazmín Itzel publica las fotos de sus hijos en portales de búsqueda: un niño de siete y una niña de ocho; desde el 23 de agosto de 2020 no sabe dónde están, aunque sí sabe con quién. Su expareja se los llevó en contra de su voluntad y violando las disposiciones de un juez que le dio la custodia de los menores.

Los niños fueron llevados al domicilio del papá, en los límites de la CDMX con el Estado de México, en Valle de Aragón. El padre se mueve en la capital, de ahí la necesidad de Itzel por levantar la Alerta Amber en la Fiscalía capitalina. Acudió con un Ministerio Público local para que le dieran el oficio que autorizara la alerta en ambas entidades, pero la respuesta que recibió fue “no procede porque sabes que se lo llevó el papá”.

“Me dicen una cosa aquí, me dicen otra cosa allá, ahí es cuando me doy cuenta cómo son las leyes en el país desgraciadamente. Te ponen muchas trabas, casi casi quieren que les digas ‘se llevaron a mis hijos, los amarraron, los golpearon’, para que te hagan caso. Ahora me estoy enterando de más casos de papás que se llevaron a los niños y pasan meses y años sin que las mamás sepan dónde están”, señaló.

Ernesto Roberto, su expareja, tiene antecedentes de violencia familiar, Itzel teme por la seguridad de sus hijos.

Estas historias son muy usuales en la activación de la Alerta Amber, señaló Juan Manuel Pérez. La respuesta que recibió Itzel en la que se le niega activar la alerta por el vínculo familiar de quien se lleva a los menores es completamente ilegal, cuando los menores no están con el tutor que tiene la custodia, entonces se asume en situación riesgosa.

“Cuando hay un conflicto parental, el hecho de que la persona sustraiga a los niños significa que los está tratando como objeto y no como persona, está siendo parte de una situación que coloca a los niños en riesgo para su integridad.", señaló.

NO ACTIVARLA ES COMPLICIDAD MACHISTA

A la negativa de funcionarios de Ministerios Públicos de no activar la alerta en estas circunstancias se le llama “complicidad machista”, señalan activistas, pues otorgan el apoyo al varón, aún sin conocerlo y a pesar de que la madre justifique la solicitud.

Martha Argueta, profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM, consideró que las deficiencias de la Alerta Amber radican en el personal que tiene el primer contacto con las personas que buscan a los menores.

La académica dijo a La Razón que, como ocurre en otro tipo de denuncias, los Ministerios Públicos suelen dar orientación incorrecta y con prejuicios machistas, como cuando se extravía una adolescente y le dicen a sus padres que "seguro se fue con el novio, espérense".

“Las autoridades capitalinas deben ser receptivas en trabajar donde están las trabas para promover las denuncias” y, en ese sentido, detalló que debe reforzarse la capacitación de los servidores públicos que intervienen en el proceso. Lo anterior, también hace necesario que haya un cuerpo de investigación especializado en desaparición de menores.

La académica resaltó que también es una tarea conjunta con la sociedad, para fortalecer el círculo familiar y evitar la descomposición social que rodea a las desapariciones.

PLAN PARA MEJORARLA.... PARA DESPUÉS

El asesinato de Fátima motivó en el Congreso de la Ciudad de México algunas propuestas a nivel de ley para fortalecer la búsqueda de menores de edad, con la Alerta Amber.

La primera fue del diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, quien propuso el 18 de febrero una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y del Código Penal para el Distrito Federal.

El objetivo de esta iniciativa es elevar a rango de ley la Alerta Amber, señalar los elementos mínimos para su activación y la obligación de las autoridades para activarla de manera inmediata.

Para evitar omisiones por parte de funcionarios a cargo de la activación, promueve penas de dos a ocho años de prisión y de 100 a 400 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al servidor público que no solicite inmediatamente y sin necesidad de que transcurra plazo alguno, la activación de la alerta.

El crimen de Fátima también motivó a la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX a presentar su propia iniciativa de ley. A diferencia de la planteada por el diputado de Morena, ésta fundamenta la aplicación de un protocolo de investigación enfocado a casos relacionados con niños, niñas y adolescentes, promueve el uso de nuevas tecnologías para la investigación y el vínculo de las autoridades de la Fiscalía con la Comisión de Búsqueda de Personas.

El Partido Encuentro Social, por otro lado, propuso modificar la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el propósito de que las compañías telefónicas se comprometan a difundir las alertas Amber activadas por las autoridades locales.

El tema parecía ser reelevante, dado lo fresco del caso Fátima, pero 10 meses después, fuentes del Congreso local confirmaron a este diario que no hay un avance en la dictaminación de ninguna de las propuestas, además porque se encuentran en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, una de las que tiene mayor rezago dada la cantidad de iniciativas que le incumben.

AG