Inés Gómez Mont está prófuga de la justicia, pues existen diversas órdenes de aprehensión en su contra, como la por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora, tal parece se ser que la famosa está lejos de limpiar su nombre, pues su ex esposo Javier Díaz la denunció por presunta violencia familiar en contra de sus hijos.
Se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación contra la conductora de televisión Inés Gómez-Mont Arena, por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, crimen de la cual es acusada por su ex Javier Díaz.
Ante ello, la amiga de Galilea Montijo promovió un amparo contra el juez de control de Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número 10. Esto porque el juez dio la orden de presentar a los cuatro hijos menores de edad de su primer matrimonio para su entrevista o valoración psicológica.
Asimismo, Patricia Marcela Diez Cerda, jueza Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, admitió a trámite la demanda y otorgó la suspensión provisional que protege a los menores contra el acto de investigación ya que se corre el riesgo de que puedan ser revictimizados.
“Bajo este panorama, es oportuno puntualizar que la pericial en materia de psicología, tendente a examinar a los menores víctimas, en su calidad de sujetos pasivos de un delito al ser valorados por un perito oficial, implicaría una revictimización o victimización secundaria, entendida como la suma de acciones u omisiones que generan un recuerdo victimizante", señaló la jueza.
La jueza señaló que los hijos de Inés Gómez Mont pueden entrar en estados de ansiedad, estrés, angustia y malas relaciones interpersonales, que pueden afectar su vida cotidiana.
Por si fuera poco, se ordenó que soliciten al titular de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México para que, en un plazo de tres días, señalen a un funcionario público para fungir como representante especial de los menores.
