Alberto Capella, secretario de Seguridad de Quintana Roo, se convirtió anoche en el primer funcionario de alto nivel de ese estado en abandonar su cargo tras la presión derivada de la condena unánime —de la que incluso tomó parte Naciones Unidas— por la disuasión a tiros a una protesta feminista en Cancún.
“He aceptado la solicitud de separación del cargo en lo que la Fiscalía General del Estado y la dirección de asuntos internos terminan la investigación profunda para determinar los responsables. Tenemos que asegurarnos que esto no vuelva a suceder”, dijo el gobernador Carlos Joaquín González, ayer.
En un mensaje grabado, el gobernador también ofreció una “disculpa pública” por la “incompetencia de la policía que no cumplió mis instrucciones”.
El lunes, un grupo de 50 policías irrumpió en una protesta feminista en el palacio municipal de Benito Juárez (Cancún). Encapuchados, con armas largas y chalecos antibalas dispararon a pocos metros de las manifestantes, para disolver la concentració en la que participaban unas 2 mil personas.
La violenta dispersión de manifestantes que protestaban contra los feminicidios indignó al país y los colectivos feministas ya habían incluido entre sus demandas la renuncia de Capella.
Antes de esto, la Red de Feministas Quintanarroense, que habló con La Razón, urgió a diputados locales a solicitar la renuncia de Capella durante una comparecencia que el ahora exfuncionario daría el próximo viernes en el Congreso.
La red, que incluye a colectivos que participaron en la protesta de Cancún, demandó acciones más contundentes que el cese de funcionarios para frenar la violencia policial. “Las autoridades se deslindan, dicen que van a buscar al responsable, destituyen a alguno de sus elementos y ahí se queda”.
En una entrevista para el diario El País, antes de separarse del cargo, Capella ya había adelantado que la primera renuncia, si es necesario, sería la suya “porque siento una responsabilidad moral en el tema. Con quien fueron desleales (los agentes que dispararon) es con el mando principal, que soy yo”.
El exsecretario de Seguridad aseguró al diario español que estaba a “miles de kilómetros” cuando los policías reprimieron la manifestación. “Es un acto vergonzoso, va a tener sanciones. No eludimos la responsabilidad”, dijo.
A pesar de esto, Capella insistió en que las órdenes que dejó antes de irse de la ciudad fueron contrarias a lo que ocurrió en Cancún: “giré las instrucciones que tenía que girar. Las mismas que me dio el gobernador cuando se reunió con los colectivos feministas: no intervengan, dejen que se manifiesten, vamos a apoyar para que tengan la seguridad de manifestarse, pero no caigan en provocaciones, no intervengan”.
Alberto Capella confirmó que se identificaron a seis agentes como responsables de detonar las armas, y que ya están puestos a disposición de la autoridad. La Red de Feministas informó que los oficiales detuvieron a ocho personas —siete mujeres y un hombre— y que hubo al menos cinco periodistas lesionados.
A la dimisión del secretario de Seguridad estatal se sumó el despido del jefe de la policía de Cancún, Eduardo Santamaría. Ayer, también renunció el secretario de Gobierno del mismo municipio, Isaac Janix, tras admitir que “la gota que derramó el vaso es que las autoridades municipales no brindan las garantías para ejercer el derecho a la manifestación”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador demandó al gobernador de Quintana Roo una investigación inmediata. “Que haya una actuación, justicia rápida, hoy mismo, si hay voluntad; nada de estar protegiendo a nadie, cuando hay un asunto así se debe de actuar sin contemplaciones, no debe haber impunidad”.
CDNDH YA ATIENDE EL CASO
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que reprobó la represión policial, urgió al Estado mexicano a garantizar la concreción y efectividad en los mecanismos de control y revisión para la exclusión de armas de fuego como dispositivo para dispersar manifestaciones públicas.
“Unicamente podrá exceptuarse en aquellas oportunidades en que las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan la vida e integridad de otras personas, privilegiando la transparencia”, precisó.
