La liberación de Gildardo López Astudillo, El Gil, identificado como líder del grupo criminal Guerreros Unidos, sienta un precedente grave que podría dejar en libertad a 50 implicados en la desaparición de los 43 normalistas.
Durante la presentación del "Informe sobre la situación legal de las personas procesadas por la desaparición de los normalistas", Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y titular de la Comisión Presidencial Para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), hizo un exhortó a la Fiscalía para que reencauce la investigación y se subsanen irregularidades judiciales.
Respecto a la liberación de "El Gil" dijo que ésta sienta un precedente muy grave; una sentencia absolutoria, que además implica que otros 50 detenidos puedan quedar en libertad”.
Por lo que acusó al juez federal Samuel Ventura Ramos de desestimar “44 pruebas en contra de Gildardo López y considerar solo 162 tomos de pruebas (que conformaban la investigación a finales del año 2014) cuando en la actualidad se han integrado 791 tomos.
Detenciones por desaparición de normalistas
Respecto a los 50 detenidos que podrían obtener su libertad derivada de la violación a las investigaciones y una serie de omisiones y violaciones a los derechos humanos, forman parte de un grupo de 169 personas consignadas del 26 septiembre de 2014 al 30 de agosto de 2018 relacionadas a la desaparición forzada de estudiantes en el año 2014.
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Si bien en el "Informe sobre la situación legal de las personas procesadas por la desaparición de los normalistas" la CoVAJ-Ayotzinapa habló 169 detenciones, el subsecretario de Gobernación sólo determinó las actividades de 142 consignados, de los cuales:
55 se desempeñaban como policías en Iguala;
20 municipales de Cocula
67 son civiles, presuntos integrantes de Guerreros Unidos
A quienes se les acusa de delincuencia organizada, en la modalidad de delitos contra la salud, violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y delitos previstos en la Ley General de Secuestro.
Por lo que faltaría determinar la actividad de 27 de los detenidos por la desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa.
Exclusión de pruebas
Asimismo, el procesamiento de los 169 detenidos se basó en 107 pruebas recabadas en diversas averiguaciones previas que abrió la PGR, de las cuales sólo subsisten al día de hoy 44, puesto que las 63 restantes fueron declaradas ilícitas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, debido a que se acreditó una serie de violaciones al debido proceso, entre ellas a la integridad personal de los acusados y a la libertad, al detectarse:
• 13 casos de dilación indebida en la puesta a disposición.
• 48 detenciones ilegales por falsa flagrancia.
• 22 detenciones ilegales por haber sido ordenadas de forma irregular.
• 29 casos de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• 26 casos de exceso en el cumplimiento de una orden de presentación.
• 1 caso de incomunicación. • 6 casos de violación al derecho a la defensa adecuada.
Liberación de detenidos
A partir de esta resolución se han liberado 53 de los 142 detenidos originalmente, siendo la de Gildardo López Astudillo, la primera absolución por insuficiencia probatoria de la causa penal 66/2015 del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas.
Posibles liberaciones
Actualmente se ha cerrado la etapa de instrucción de alrededor de 50 personas que aún se encuentran en proceso penal por la desaparición de los normalistas, por lo que es posible que se dicten nuevas absoluciones.
¿Qué implica esto?
1. Mala integración de la investigación por parte de las autoridades ministeriales basada en irregularidades y graves violaciones de derechos humanos.
2. Criterios judiciales cuestionables ¿Qué derecho prevalece, el de las víctimas o del victimario?
Por lo que desde la tribuna de Palacio Nacional el subsecretario de Gobernación lanzó un exhorto al fiscal General de la República para que se refuercen las capacidades técnicas, materiales y humanas de la Unidad de Investigación que le permita:
• Reparar los rezagos de la ineficiente procuración de justicia
• Atender las irregularidades
• Realizar una investigación diligente, imparcial y apegada al debido proceso legal
En tanto, mientras no se resuelva el caso y se castigue a los culpables de la noche negra de Iguala, así como quienes mediante criterios judiciales obtusos lograron la liberación de los responsables de tan terrible hecho, la herida social conocida como Ayotzinapa seguirá siendo una deuda pendiente del Estado mexicano.
jmg