La oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH) informó que analiza las posibles implicaciones que tendría en los estándares internacionales el acuerdo publicado el 22 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que estable a las obras y proyectos de interés público y seguridad nacional.
“La ONU-DH an aliza las posibles implicaciones en la vigencia de los estándares internacionales del Acuerdo sobre los proyectos y obras considerados de interés público, seguridad nacional, prioritarios y estratégicos, publicado el 22 de noviembre en el @DOF_SEGOB”, publicó en su cuenta de Twitter.
El organismo explicó que el Gobierno de México tiene la obligación de calcular previamente los impactos y riesgos que pueden ocasionar sus obras por medio de evaluaciones de impacto ambiental o con la participación de personas interesadas en dichos temas; y en el caso de pueblos indígenas respetando sus derechos humanos.
Agregó que se debe asegurar la participación directa en asuntos ambientales conforme al Acuerdo de Escazú, el cual tiene como objetivo garantizar la implementación en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Además, la ONU-DH señaló que “el deber estatal de realizar consultas previas, libres e informadas con los pueblos indígenas sobre medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, del que México también es partícipe.
Por otra parte, destacó que de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, nuestro país está comprometido a que “las limitaciones de acceso a la información, incluyendo por motivos de seguridad nacional, salvaguarden un interés legítimo y sean necesarias”, lo anterior en relación con la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto del derecho a un recurso efectivo en estos casos.
Por ello, la revisión que el organismo realizará al acuerdo del Presidente López Obrador deberá comprobar que se cumple con “el deber de abstenerse de restricciones generalizadas de acceso a la información por ser incompatibles con estándares internacionales”, en relación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
LRL
