La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aseguró que existe un grave riesgo en contra de la ciudadanía por la utilización de tecnologías de espionaje como el software “Pegasus”, ya que no existe regulación jurídica para el uso de tecnologías de vigilancia y recolección de datos personales por parte de autoridades.
“Por la ausencia de regulación jurídica para la adquisición y uso de tecnologías para la vigilancia, intervención y recolección de datos de personas en territorio nacional: su impacto en la libertad de expresión, el derecho a defender los derechos humanos y su vinculación al deber de cuidado a cargo del Estado mexicano”, destacó en un comunicado.
El órgano autónomo argumentó que en los años 2015 y 2016 integró un expediente de queja de denuncias realizadas por defensores de derechos humanos y periodistas, que en su momento señalaron que fueron objeto de ataques cibernéticos a través de teléfonos celulares con mensajes de texto “maliciosos” que incitaban a presionar dominios que fueron identificados por una organización como causantes de la infección por el sistema Pegasus.
Las sospechas se dirigieron al gobierno federal ya que hay información que acredita que el Estado adquirió este programa cibernético.
De acuerdo a información de la CNDH el programa accede al móvil del usuario y controla la información y contenidos de plataformas como Gmail, WhatsApp, Skype, Facebook y Telegram, además que permite escuchar llamadas en tiempo real.
“En consecuencia, la CNDH identificó que existe un riesgo grave de un posible ejercicio abusivo de las facultades previstas en la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Militar de Procedimientos Penales, ya que la redacción actual de estas normas facilita a las autoridades el uso de tecnologías de espionaje tan avanzadas como Pegasus, al ser susceptible de una interpretación subjetiva para justificar, con el discurso de seguridad nacional o investigación de delitos graves, el uso irrestricto de este tipo de tecnología”, destacó el órgano autónomo.
Por esa razón solicitó a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez Cordero; al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna; a la presidenta de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Poder Legislativo, Imelda Castro; a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero establecer procedimientos que incorporen criterios claros e inequívocos sobre la elección, adquisición y uso de tecnologías para la vigilancia, intervención y recolección de datos.
Además, que se precise el perfil de las personas servidoras públicas responsables del uso de tecnologías para la vigilancia, intervención y recolección de datos.
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