Amnistía Internacional lamentó la renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo a causa de las “visibles contradicciones entre ésta y la Fiscalía General de la República (FGR)”.
El organismo señaló en un posicionamiento que tras su renuncia, se ponen en riesgo los avances logrados y amenazan con retrasar aún más el acceso de las familias de los estudiantes a la verdad, a la memoria y a la justicia.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, comentó que los problemas surgidos “dejan en total incertidumbre a las familias de los estudiantes desaparecidos y a la sociedad en general”.
Además, comentó que las graves diferencias surgidas entre las distintas autoridades deben resolverse para evitar que la impunidad se perpetúe en este caso tan emblemático para México.
Es imperativo también mantener a las familias de los estudiantes plenamente informadas y en el centro del proceso de toma de decisiones, no solo por la transparencia que se debe mantener con ellas, sino también para garantizarles su derecho a la verdad, y a una reparación integral de los enormes daños que han vivido a lo largo de estos ocho añosErika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, indicó que no se pueden tolerar más retrasos en la investigación, pues el Estado mexicano debe generar las condiciones para avanzar en las investigaciones, respetar la autonomía e independencia del trabajo de la Unidad Especial de Investigación, así como asegurar que contará con los recursos tanto humanos como materiales necesarios para realizar su trabajo.
Debe garantizar el debido proceso, para evitar cualquier error que impida el desarrollo de los procesos judiciales y pueda poner en riesgo el derecho a la justicia y la sanción de quienes resulten responsables de este atroz crimenEdith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México
Amnistía Internacional sostuvo que el involucramiento del Ejército cuestiona la idoneidad de la labor de seguridad en las calles.
RFH
