Tras asegurar que no callará ante el pillaje y la injusticia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador demandó una investigación al juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, por la rapidez con la que concedió una suspensión provisional contra el decreto de la Ley de la Industria Eléctrica.
“Así como respeto y respetaré siempre la aplicación del derecho de amparo y la independencia del Poder Judicial, ejerceré a plenitud mis facultades como Presidente de la República y mis libertades como ciudadano, y no callaré ante el pillaje y la injusticia”, dijo.
En una carta dirigida al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, pidió que se aclare si el juez Gómez Fierro le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes solicitaron el amparo, y si es de su competencia o no resolver sobre este caso.
“Y si mi petición es legalmente procedente, solicito al Consejo de la Judicatura Federal lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas afines al antiguo régimen que tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la economía de la mayoría de los mexicanos, en especial de los más pobres”, sostuvo.
Solicito (que determine si el juez) le correspondía o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes solicitaron el amparo. Si mi petición es legalmente procedente, solicito al CJF lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juezAndrés Manuel López Obrador, Presidente de México
López Obrador denunció que se conformó en el pasado un buró jurídico para oponerse a las obras y acciones que ha emprendido el Gobierno para transformar, al país donde destaca el empresario Claudio X. González, beneficiario de la política privatizadora.
En ese agrupamiento conservador, involucró al ministro en retiro José Ramón Cossío, que cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial “legalizó las injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades”.
Reconoció que una persona de la Presidencia investigó al exministro, y enumeró al menos seis casos donde supuestamente fue oscura su participación, como el de la Guardería ABC, donde estuvieron involucrados familiares de Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón.
“Para beneficiar al gobierno de Felipe Calderón y de la familia de Margarita Zavala, José Ramón Cossío votó en contra del proyecto en el que se proponía declarar como responsables de violaciones graves de derechos a diversas autoridades del IMSS, del gobierno del estado de Sonora y del Ayuntamiento de Hermosillo”, señaló.
El Presidente refirió la labor del exministro en el caso de Florence Cassez, donde en la primera sesión que se discutió el asunto, “para cubrir a Genaro García Luna y a Felipe Calderón, manifestó que no podía admitir que existiera un efecto generalizado y absoluto de nulidad y propuso un amparo para efectos”.
Preocupa la personalización de un debate que divide y polariza y que debería quedar en el ámbito técnico y en la competencia constitucional de los jueces, para los cual existen instancias y recursos para que todas las partes puedan defenderseColegios y barras de abogados, Pronunciamiento
Ell primer mandatario recordó la actuación del ministro en la “Ley Televisa”, donde se declaró impedido para pronunciarse sobre su constitucionalidad “y así proteger a ese medio y no enemistarse con él, bajo el argumento de que había celebrado un contrato profesional con la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados”.
Destacó también un amparo directo al abogado Roberto Gil Zuarth, a quien “protegió en un asunto de libertad de expresión en el que se le había acusado de corrupción en un tema de casinos”, pues votó en contra del proyecto donde se proponía amparar a la quejosa.
Respecto a la revisión del amparo 213/2018 en el caso Juchitán-Eólica del Sur, Cossío Díaz “afectó los intereses de pueblos indígenas de Oaxaca para favorecer a una empresa de energía eólica, al negar el amparo a mil 166 pobladores indígenas”.
También ventiló el caso Atenco, donde “ni más ni menos, en este asunto José Ramón Cossío se negó a responsabilizar a nada menos que a Eduardo Medina Mora”, exprocurador y exministro de la Suprema Corte.
“Si saben quién es, que era últimamente ministro de la Corte y tuvo que salir por una investigación judicial, y a Enrique Peña Nieto, de las violaciones graves a derechos humanos ocurridas en Texcoco y San Salvador Atenco”, puntualizó.
- El dato: Según la Concamín, el costo por las indemnizaciones que deberá pagar el Gobierno a los afectados por la entrada en vigor de la ley, puede llegar a 7% del Producto Interno Bruto.
ntb
