Suman 104 recursos contra la reforma; debaten procedencia

Las prisas por cumplir la última voluntad del expresidente Andrés Manuel López Obrador llevaron al partido Morena y sus aliados PT y PVEM a la aprobación en fast track de reformas polémicas como la judicial, lo cual ha derivado en su impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de por lo menos 104 recursos legales.

Cinco acciones de inconstitucionalidad, una controversia constitucional, cuatro impugnaciones de trabajadores, jueces y magistrados y al menos 94 amparos han sido presentados hasta ahora en contra de la enmienda judicial, promulgada por López Obrador el 15 de septiembre pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

De acuerdo con la lista de Notificación de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la SCJN, la presidenta de la Corte, Norma Piña, turnó los casos al ministro Juan Luis González Alcántara.

Los recursos interpuestos por la oposición y legisladores locales, principalmente, cuestionan el proceso legislativo que siguió la mayoría oficialista, ya que no fueron acatadas las suspensiones decretadas por los jueces federales para que no se discutiera la reforma judicial en el Congreso de la Unión.

Los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés, y del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, promovieron las acciones de inconstitucionalidad 164/2024 y 165/2024, respectivamente, además de los diputados y diputadas del Congreso de Zacatecas (166/2024).

Mientras tanto, la Coordinación Nacional de Movimiento Ciudadano a cargo de Dante Delgado hizo lo propio apenas el martes pasado, bajo el expediente 167/2024, así como el líder del partido local Unidad Democrática de Coahuila, Lenin Pérez Rivera (170/2024).

En los argumentos del líder nacional panista, estableció que en la enmienda judicial en realidad se trata de una reforma electoral debido a que las elecciones de jueces y magistrados serán organizadas por el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral federal revisará impugnaciones.

En el recurso, alegó que hubo irregularidades durante la aprobación de la reforma judicial, como el hecho de que el Congreso discutió la iniciativa a pesar de que había suspensiones concedidas por jueces federales que se lo impedían.

Asimismo, el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, antes de dejar el cargo presentó la controversia constitucional 286/2024 en contra de las cámaras de Diputados y Senadores, el Poder Ejecutivo federal, así como las legislaturas estatales que aprobaron el decreto de reforma judicial.

Dicha controversia es la única que ha sido aceptada a trámite por el ministro González Alcántara Carrancá.

Además, la Suprema Corte también ya aceptó dar trámite a cuatro impugnaciones contra la enmienda al sistema de justicia que derivan de las consultas resueltas por el pleno sobre recursos promovidos por jueces y magistrados.

Sobre los amparos contra la reforma y las leyes secundarias, diputados y senadores del PAN promovieron 92 recursos en total; uno más del líder del PRI en la Cámara baja, Rubén Moreira, y Movimiento Ciudadano, a través de Laura Ballesteros, el cual ya obtuvo la suspensión definitiva el viernes pasado, aunado a los que interpusieron jueces y magistrados.

Para el constitucionalista Eduardo Andrade Sánchez, todas las acciones de inconstitucionalidad y la controversia constitucional no tienen la base jurídica para impugnar la reforma judicial, y advirtió que sólo obedecen a cuestiones políticas en contra del gobierno de Morena.

“No puede haber una acción de inconstitucionalidad contra la Constitución, una controversia constitucional contra la Constitución, ni tampoco puede decirse que un estado se lance contra quién, contra el conjunto de otros estados, contra las cámaras. Ese órgano complejo formado por las cámaras federales y todos los congresos del país no puede ser cuestionado, controvertido por algún otro órgano, simplemente porque está por encima de todos.

“Están usando una serie de argumentos políticos, no jurídicos, para pretender echar abajo una reforma constitucional que saben que ya está vigente y que no se puede cambiar, y hay muchos abogados que usan esa parte del derecho o quieren usar una deformación del derecho que proviene del propio Poder Judicial”, afirmó a La Razón.

El doctor en derecho cuestionó la decisión de la jueza Nancy Juárez, que otorgó una suspensión definitiva para ordenar a la Presidenta Claudia Sheinbaum retirar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, lo cual, advirtió, pone en riesgo el Estado de derecho.

“Pretenden imputarle a la Presidenta que no atiende la disposición de una jueza, pero no ven que quien está afectando el Estado de derecho es una jueza, que a sabiendas de que una ley es muy clara, la ley de amparo contra las reformas constitucionales no procede el amparo, así de claro. ¿Cómo puede una jueza violar esa ley?”, señaló Andrade Sánchez.

Tras asegurar que en ningún momento ha incurrido en desacato la Presidenta Sheinbaum al señalar que no retirará la reforma judicial del DOF, rechazó que exista una crisis constitucional por este tema; por el contrario, el que está en crisis es el Poder Judicial, dijo.

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, por su parte, defendió la constitucionalidad de la reforma judicial y consideró que ha habido una extralimitación de los jueces al conceder suspensiones que terminan cayendo en un conflicto de interés porque la enmienda toca la permanencia de ellos.

“Las reformas constitucionales no son impugnables por ninguno de los mecanismos de control constitucional que existen en el país; me refiero, ni por la vía del amparo ni por la vía de la controversia ni de la acción de inconstitucionalidad.

“Las acciones de inconstitucionalidad lo que hacen es comparar el contenido de leyes secundarias, con relación al contenido específico de la Constitución; y, en ese ejercicio comparativo, determinar si una norma de mejor jerarquía, una legislación secundaria o incluso una ley general, viola un principio de la Constitución”, puntualizó.

Marchan al Senado en respaldo a juzgadores

Trabajadores del Poder Judicial y miembros de la sociedad civil realizaron una manifestación del Ángel de la Independencia al Senado, en apoyo a la jueza Nancy Salas, quien en días pasados ordenó eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, así como a otros jueces que han concedido suspensiones. Además, jueces y magistrados dieron a conocer que sostendrán conferencias de prensa matutinas de lunes a viernes para desmentir dichos y presentar “información real” sobre el Poder Judicial.

Por la mañana, alrededor de 200 personas se concentraron a los pies del Ángel de la Independencia. Mostraron pancartas en las que aseguraron: “Que ningún presidente esté por encima de la ley”, así como “el amparo es la herramienta más poderosa del ciudadano contra el abuso del gobierno”.

Con tambores, panderos y banderas que defienden el Poder Judicial, y una mujer ataviada con la indumentaria representativa de la justicia a la cabeza del contingente, los trabajadores e integrantes del PJ emprendieron su camino rumbo al Senado de la República.

“¡Exámenes sí, tómbola no!”, “Ciudadano entiende, mi trabajo te defiende”, así como los clamores de “¡Justicia!”, formaron parte de la marcha rumbo al Senado. Además, realizaron un performance en el que aseguraron que “si la justicia cae, nosotros la levantamos”.

Una trabajadora del segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, correspondiente al decimoctavo circuito, aseguró que “venimos para que se haga respetar la carrera judicial. A esto le aposté 22 años de carrera judicial, y de esto depende la vida de mí, mi vida y mi familia. Es mi proyecto de vida”, aseguró.

Insistió que el no acatar las suspensiones “es ilegal y pone en una crisis constitucional al país”; además de que explicó que “se llama crisis constitucional cuando un poder ya no respeta al otro, cuando se rompe el mandato constitucional del Constituyente de 1917, en el artículo 49 constitucional. También venimos para defender nuestros derechos como trabajadores del Poder Judicial”.

A su llegada al Senado de la República, en el frontispicio del recinto parlamentario, gritaron a Miguel Ángel Yunes Márquez “vendido”, pues el sufragio del senador fue para que la enmienda fuera aprobada.

Rafael Jiménez Carlos, trabajador del Poder Judicial, frente a las rejas del Senado dijo: “No se puede permitir que en este país los Poderes de la Unión estén contrapuestos y existe una crisis constitucional desde el momento en que se les ocurrió no cumplir con las suspensiones. Esto no puede ser posible, nos puede llevar a la caída del país, a la caída de los tres poderes”.

Aseguró que cuentan con la Suprema Corte para que antes del 30 de noviembre se logre “echar abajo” la reforma judicial.

CONFERENCIA JUDICIAL. Desde este lunes, jueces y magistrados federales ofrecerán conferencias diarias de lunes a viernes para presentar “información real” sobre el Poder Judicial, además de responder a los temas que la Presidenta Claudia Sheinbaum mencione en sus conferencias matutinas.

Las mañaneras de los jueces y magistrados se llevarán a cabo a las 8:15 horas en el auditorio de la planta baja del edificio Revolución del PJF, en la capital mexicana, y a través de un comunicado aseguraron que tendrán una duración de 30 minutos. También informarán sobre casos judiciales y los impactos de la reforma judicial, y de las acciones de resistencia en contra de esta reforma y responderán preguntas de la prensa.

La Constitución ya se reformó: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, aseguró que no hay nada que esté por encima de la voluntad del pueblo ante la elección de jueces, magistrados y ministros, luego de referirse al amparo que le ordenó eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma judicial. Además, el diputado morenista Ricardo Monreal, acusó a los jueces de Distrito de emitir resoluciones políticas para intentar frenar la reforma al sistema judicial.

De gira por Yucatán, la mandataria destacó que para el Gobierno de México es vital escuchar la voluntad del pueblo de México, tal y como sucedió con la reforma al Poder Judicial (PJ), luego de haber ganado la Presidencia el 2 de junio pasado.

“El próximo año vamos a elegir juntos a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, aseguró.

La mandataria puntualizó que hay amparos “y otras formas que quieren impedir que se vote por jueces, magistrados y ministros, pero no hay nada que esté por encima de la voluntad del pueblo. La Constitución ya se reformó”.

Además, agradeció a los legisladores que aprobaron la reforma judicial, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, entre ellos, a los que se sumaron recientemente al movimiento, como el expriista Jorge Carlos Ramírez Marín.

La elección de la mitad de los cargos de representantes del PJ está prevista para el próximo 1 de junio del 2025.

Por separado, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, arremetió contra los jueces de Distrito que emitieron resoluciones políticas para intentar frenar la reforma al sistema judicial.

Además, aseguró que “contra la Constitución y sus reformas no hay recurso que proceda, ni amparos, ni acciones de inconstitucionalidad, ni controversias constitucionales”.

El poder reformador, explicó, conformado por el Congreso de la Unión, así como por la mayoría de las legislaturas estatales, tiene “supremacía constitucional” y, por ello, resulta “absurdo” que algunos impartidores de justicia suspendan los cambios a la Carta Magna.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara baja dijo que “los juzgadores están desesperados y por eso actúan ilegalmente, a pesar de que contra la Constitución y sus reformas no hay recurso que proceda y que cada poder tiene sus facultades”.

“Puede que, en la locura o en el despropósito, un Juzgado de Distrito puede hasta girar una orden de aprehensión. Aunque tenga su nombramiento de juez y funcione como juzgado, no puede emitir un acto porque no es su competencia y porque está apegado no a derecho, sino a un criterio estrictamente político que riñe con la Constitución y la ley”, apuntó.

Monreal Ávila advirtió que el Poder Legislativo continuará con el proceso para llevar a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros en el 2025.

“Si no hubiéramos hecho esta reforma, cualquier juez cometería este despropósito y cualquier juez podría usurpar funciones o actuar de manera ilegal o con toda desvergüenza”, señaló.

Este fin de semana, 26 gobernadores de la coalición Morena, PT y PVEM se pronunciaron en defensa de la reforma al PJ, acusando a los juzgadores que han emitido amparos contra la enmienda de extralimitarse en sus funciones.