La violencia que azota al país nos ha colocado en medio de un recuento de personas muertas, en el que pareciera que impacta más el número mismo, que las consecuencias sociales de lo que provoca.
Nos hemos ido acostumbrando a la muerte y al clima de violencia; ya forman parte de nuestro entorno. El alivio es que no nos toquen.
En algunos estados, las cosas se han deteriorado dramáticamente. Guanajuato, que tiene uno de los PIB más altos del país, es prueba de ello. La situación interna en el estado es cada vez más grave. Se han conjuntado varios elementos, entre ellos, el tema del huachicol, lo que ha colocado al estado bajo una presión cotidiana. No hay municipio que se salve; todos tienen que estar atentos y con la guardia en alto.
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Como Guanajuato, hay también otros estados que tienen a la violencia en su cotidianeidad, lo que los ha llevado a cambiar sus formas de vida. El hecho de que en algunas escuelas enseñen a los niños qué hacer en caso de que se presente una balacera es la manifestación más acabada del estado de las cosas. Se entra en terrenos en los que se ve como “normal” algo que es exactamente lo contrario.
En esto anda el país desde hace tiempo. Si las cosas se agudizan en x estado, sólo cuando se logra controlar lo básico, la violencia en algún sentido se erradica; lo que acaba pasando es que ésta termine mudándose, junto con la delincuencia organizada, y busca dónde asentarse.
A lo que le hemos puesto poca atención en toda esta dinámica es lo que puede estar pasando por las cabezas de las niñas, niños y adolescentes en todo el país. Cómo se están formando como personas y cuál va siendo su concepción de lo que ven en su casa o en los espacios que habitan.
El muy atendible informe de Sipinna (Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños, y Adolescentes) nos presenta un panorama de cómo es la vida de los menores y la gran cantidad de riesgos que corren. Le presentamos a continuación algunos datos del informe.
El documento reporta que en 2018 se registraron 2 mil 908 homicidios de infantes, de los cuales, mil 683 se presentaron en Guanajuato, estado que, como mencionábamos párrafos antes, está metido en un círculo perverso de violencia.
En el informe también se da a conocer que en el pasado se abrieron más de 13 mil carpetas de investigaciones de delitos por lesiones contra población menor de 17 años. El 90% de las denuncias por lesiones refieren como víctimas a niñas y adolescentes.
Un elemento que merece la mayor de las atenciones es el hecho de que seis de cada 10 menores han experimentado alguna vez un método de disciplina violenta.
El comparativo con años anteriores muestra una variable central que refleja uno de nuestros grandes pendientes sociales: la adversidad bajo la cual viven los menores en materia de salud. En 2016 se registraron 26 mil 782 defunciones de menores de un año de edad, de las cuales el 68% eran evitables. Los casos más graves de muertes evitables ocurren en Chiapas.
El informe de Sipinna llama la atención de lo que viven los menores y el estado bajo el cual están.
En el país, 20.4 millones de niños viven en pobreza; en general, los infantes son más pobres que los adultos y la casi totalidad de los niños que hablan una lengua indígena viven en pobreza; la cifra alcanza el 91.75%.
Por último consignemos que del total de la población, los niños son el 33% y se les destina apenas el 13% del presupuesto.
Lo importante del informe es que pueda ser la base de nuevas políticas públicas. Es un diagnóstico preciso, fundamentado y, sobre todo, doloroso.
Hoy sabremos muchas cosas sobre los menores de nuestro país en la sesión de Sipinna, institución que está dirigida por la sensibilidad y conocimiento de Ricardo Bucio.
RESQUICIOS.
Va a ser muy importante que en medio de la euforia en la que andan con la aprobación de la Reforma Educativa, no se les vaya pasar debatir y discutir con seriedad y profundidad las leyes secundarias. Ahora sí que, ahí está el detalle.
