Después del sismo del 19 de septiembre de 2017, los habitantes de la Ciudad de México recordaron con miedo el terremoto del año de 1985, y aunque fue de menor grado, causó graves daños estructurales en diversos edificios.
Por lo que el Gobierno de la CDMX, bajo el mando de Miguel Ángel Mancera, se apresuró a crear una Comisión, para ello el 26 de septiembre del 2019, publicó en la Gaceta Oficial el decreto de creación, de la que denominó “Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México”.
Al resultar insuficiente e inoperante lo realizado por el Gobierno de Mancera, fue que el 7 de diciembre de 2018, bajo el nuevo Gobierno de Claudia Sheinbaum, se publicó la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, la cual fue más detallada, y creó un padrón de damnificados, los cuales tendrían acceso a los fondos públicos para la reconstrucción, lo cual resultó muy complicado, pues muchas de las personas que habitaban las viviendas dañadas por el sismo, no eran propietarios, lo que generó una difícil situación por resolver, con la cuestión de: ¿a quién beneficiar, al dueño o al poseedor?
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No obstante, de la creación de la Ley para de Reconstrucción, ésta resultó insuficiente, por lo que, el 14 de julio del 2020, se publicó la Modificación el Plan Integral para la Reconstrucción de la CDMX, por el cual se establecen las facilidades administrativas y fiscales para todo lo relacionado con la reconstrucción, como son las licencias de construcción, certificados de uso de suelo, certificados de impacto urbano y ambiental, así como la exención fiscal para el pago de los impuestos que se pudieran generar por la regularización de los inmuebles dañados.
Por lo anterior, el programa de reconstrucción, se enfrenta, además, de los problemas para la reconstrucción de los inmuebles dañados, problemas legales, como son las sucesiones hereditarias de los fallecidos, así como la extinción de los regímenes de condominio que resultaron destruidos o dañados, y para ello se tuvieron que realizar asambleas de condóminos que acordaran su extinción, y con ello crear un nuevo régimen en condominio.
Para las cuestiones financieras del programa de reconstrucción, se creó un fideicomiso, integrado por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, como Fideicomitente, banca Afirme, como Fiduciario, y el Gobierno de la Ciudad de México, como fideicomisario, para el cual se aportaron recursos económicos; sin embargo, resultaron insuficientes, y por ello, con base en este fideicomiso, se decidió construir más unidades de las inicialmente existentes, y con su venta financiar parte del costo de la reconstrucción.
Desde luego que ha sido una labor titánica, donde intervienen, además del Gobierno de la CDMX y las empresas constructoras, el Colegio de Notarios de la CDMX, quien ha sido de vital importancia, pues además de su asesoría, participa en el programa de escrituración con descuento en los honorarios y asesoría de todo tipo.
El sismo del 2017 debe de tomarse como una experiencia para tomar previsiones y contar en todo tiempo con una Comisión de expertos en desastres urbanos, para que cuando sucedan este tipo de acontecimientos, no se pierda tiempo en la toma de decisiones. La experiencia como la base de la previsión.
