Parte de la contrarreforma energética es la transformación de Pemex y CFE, de empresas productivas (que lo fueron a partir de la reforma energética de 2013), a empresas públicas (por lo que volverán a la condición que tenían antes de la anterior reforma), lo cual implica pasar de lo malo (productivas no fueron), a lo peor (ya no tendrán que serlo), lo cual es más preocupante en el caso de la CFE.
Estas son las modificaciones constitucionales de la contrarreforma.
Art. 25. Pemex y CFE nuevamente serán empresas públicas del Estado, que privilegiarán el bienestar social, no la rentabilidad.
Altán, competencia sucia en celulares
Art. 27. Tratándose del litio, no se otorgarán concesiones. Se elimina la posibilidad de inversiones privadas en la transmisión y distribución de electricidad. Se señala que, en materia eléctrica, las empresas privadas no podrán tener prevalencia sobre las públicas: estas generarán el 54% de la electricidad y las privadas el 46%.
Art. 28. Se agrega, a la lista de actividades estratégicas, el servicio de Internet provisto por el Estado. Además se establece que las metas de planeación y control del sistema eléctrico nacional serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética y ofrecer la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, garantizando la seguridad y la soberanía nacionales.
Estas serán las principales consecuencias.
Las empresas productivas tenían el mandato de ser rentables, para lo cual tenían que operar con afán de lucro. Las empresas públicas tienen el mandato de promover el desarrollo social, por lo que no deben operar con afán de lucro, por lo cual, en el mejor de los casos, recuperan sus costos, y en el peor incurren en pérdidas y en la necesidad de ser subsidiadas, generándose una presión adicional sobre las finanzas del gobierno.
Por la preponderancia que las empresas públicas deben tener sobre las privadas, estás no podrán generar más del 46% de la energía eléctrica, lo cual supedita las inversiones privadas a las inversiones públicas: si las empresas públicas no invierten más, las empresas privadas tampoco podrán hacerlo, porque rebasarían el 46% de la generación, lo cual es económicamente ineficaz. Un dato: entre 2013 y 2018 la inversión en generación eléctrica sumó 54,500 millones de dólares. Entre 2019 y 2024 solamente 13,350 millones, insuficiente para que la oferta cubra la demanda.
Con relación a lo anterior cito a Isaac Katz, @econoclasta: “1.- Suponga que hay una fuerte sequía que obliga a la CFE a ya no producir con hidroeléctricas y baja su producción total. ¿Los privados también la tienen que bajar? 2.- Suponga que la CFE tiene que parar simultáneamente varias plantas por mantenimiento o porque hay un corte en el suministro de gas natural y baja su producción total. ¿Los privados también la tienen que bajar? 3.- Los privados desean aumentar su capacidad de generación pero la CFE no aumenta la suya. Por lo mismo, los privados se van a otro país, además de que se castiga la inversión total en la economía y el crecimiento económico”.
Habrá que ver en qué términos se redactan las leyes secundarias, pero, independientemente de ello, queda claro que la reforma energética del segundo piso de la 4T es una contrarreforma, un retroceso. ¿Habrá más?
Continuará.
