La tarea propia del gobierno es gobernar, que en el ámbito del Estado de Derecho quiere decir garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos, quienes en ese ámbito son eso, ciudadanos, no gobernados. Que sea su tarea propia quiere decir que no puede renunciar a ella sin dejar de ser gobierno, por más que siga siendo, desde el petrolero de la nación, hasta el educador de la gente.
La tarea propia de los empresarios es producir y ofrecer bienes y servicios, en beneficio de los consumidores, con la intención de maximizar sus utilidades, lo cual consiguen si contribuyen a que los consumidores maximicen su bienestar, lo cual se logra si lo producido se ofrece al menor precio posible y/o con la mayor calidad posible y/o con el mejor servicios posible.
La tarea de los empresarios frente al gobierno es ofrecerle los bienes y servicios que necesita para poder operar y garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos. La tarea del gobierno frente a los empresarios es garantizarles el respeto de sus derechos, a la libertad individual para producir y ofrecer (derecho natural), a la propiedad privada de los medios de producción necesarios para poder hacerlo (también derecho natural), y a recibir el pago por las mercancías vendidas (derecho contractual).
¿Qué pensaríamos de un empresario que, además de producir y ofrecer bienes y servicios, pretendiera garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos? Que, además de ser empresario, pretendiera ser gobierno. ¿Lo consideraríamos correcto?
La respuesta puede ser afirmativa si ese empresario actúa como gobierno, tratando a todos los ciudadanos por igual, garantizándoles a todos, con honestidad y eficacia, el respeto a sus derechos, sin usar el poder del gobierno, que es el poder para obligar, prohibir y castigar, en beneficio suyo como empresario. El empresario gobernante debe ser nada más gobernante. Debe hacer de lado su calidad de empresario.
¿Qué pensaríamos de un gobierno que, además de garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos, pretendiera producir y ofrecer bienes y servicios? Que, además de ser gobierno, pretendiera ser empresario. ¿Lo consideraríamos correcto?
La respuesta puede ser afirmativa, siempre y cuando esa empresa gubernamental opere en las mismas condiciones en las que debe operar cualquier empresa privada: en mercados lo más competidos posibles, lo cual implica que no sea monopolio, que no reciba ningún tipo de trato preferencial de parte del gobierno, y que además opere con afán de lucro. La empresa del gobierno debe ser una empresa más. Debe hacer de lado su calidad de gubernamental. En tales condiciones, ¿se justificaría una empresa del gobierno? No.
La defensa de las empresas del gobierno forma parta de la gubernamentolatría que padecemos, gubernamentólatras que creen que el gobierno lo debe todo y lo puede todo, pero hay cosas que no puede hacer, y que por lo tanto no debe intentar, como es el operar empresas sin afán de lucro (en México las empresas públicas del Estado), que a corto plazo lo único que logran es sobrevivir y al largo lo único que consiguen es desaparecer, al menos que se las subsidie.
Desde el punto de vista económico, ético y político las empresas del gobierno son un despropósito, que como tal debería evitarse.