Paz, impuestos, justicia (2/2)

Paz, pocos impuestos, tolerable administración de justicia es lo que se necesita, según Adam Smith, para lograr la opulencia: crecimiento económico y bienestar social. ¿Cómo andamos en estas materias?

Con el crimen organizado desatado, ¿podemos decir que hay paz, que convivimos civilizadamente, con justicia, respetando los derechos de los demás? Con el Gobierno Federal cobrando (contando por separado cada uno de los impuestos especiales sobre producción y servicios), 15 impuestos distintos, destinados a financiar tareas que no forman parte de las funciones esenciales, ¿podemos decir que hay pocos impuestos? Sí, según los datos de la organización Impunidad Cero, en México se denuncia 6.4% de los delitos cometidos, y de ese 6.4% se resuelve 14%, ¿podemos decir que tenemos una tolerable (ojo: tolerable, no perfecta), administración de justicia?

Con el Plan C en marcha, ¿mejoraremos en materia de paz, impuestos y justicia, sobre todo en esto último y en sus dos momentos, el de su práctica y el de su impartición? Práctica de la justicia: respetar los derechos de los demás, práctica que nos corresponde a los ciudadanos. Impartición de justicia: castigar a quienes violen derechos y obligarlos a resarcir, impartición que es la tarea propia del Gobierno.

La tríada smithiana de paz, pocos impuestos y tolerable administración de justicia se sintetiza en el Estado de derecho, en el Gobierno de las leyes justas, que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas, Estado de derecho que, además de leyes justas, requiere de gobernantes honestos y eficaces, capaces de hacerlas valer. El Estado de derecho es Estado de justicia. Lo contrario es el Estado de chueco, que es Estado de injusticia, o porque las leyes son injustas, o porque, siendo justas, los gobernantes no son capaces, o por deshonestos o por ineficaces, de hacerlas valer.

Los tres poderes del Gobierno son obligar, prohibir y castigar, con los que limita el ejercicio de la libertad individual y el uso de la propiedad privada, poderes que en manos de gente poco escrupulosa, como por lo general son los políticos (¿o no, por poner dos ejemplos, Araceli Saucedo y José Sabino Herrera, los senadores que chapulinearon del PRD a Morena, para que ésta avanzara hacia la mayoría calificada en el Senado?), se convierten en una amenaza para la libertad y la propiedad: el Gobierno obliga a lo que no debe, prohíbe lo que no debe, castiga lo que no debe, todo lo cual es propio del Estado de chueco, de injusticia, no del Estado de derecho, de justicia. Por eso conviene que dicho poder se divida en tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, actuando cada uno como contrapeso de los otros dos, algo que en México, por obra y gracia del Plan C, y para todo efecto práctico, desaparecerá a partir del 1 de septiembre, día del inicio la LXVI Legislatura, en la cual Morena y sus aliados tendrán la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, con el poder Legislativo a las órdenes de López Obrador durante septiembre y de Sheinbaum a partir de octubre y, por lo menos, hasta la próxima elección de diputados en junio del 2027.

Si a lo largo de los últimos seis años el Estado de derecho se vino enchuecando poco a poco, a partir del 1 de septiembre se enchuecará más. ¿Cuánto tiempo nos llevará enderezarlo?