De la reforma fiscal (5/5)

Comencé esta serie afirmando que conviene, por prudencia, hacer una reforma fiscal, y expliqué de qué tipo debe ser: por el lado de los gastos no de los ingresos. Que por prudencia convenga hacer una reforma fiscal no quiere decir que se vaya a hacer, sobre todo porque el gobierno tiene tela de donde cortar para posponerla.

En primer lugar, si los acreedores del gobierno están dispuestos a seguirle prestando a mayores tasas de interés (y no veo por qué, en las condiciones actuales, no lo estarían), y el gobierno está dispuesto a pagarlas (y no veo por qué, en las condiciones actuales, no lo estaría), hay tela de donde cortar para mantener y aumentar, como porcentaje del PIB, el déficit presupuestario, lo cual pospondría la necesidad de la reforma fiscal, es decir, la necesidad de aumentar las tasas de los impuestos que ya se cobran (lo más socorrido sería aumentar la progresividad del Impuesto Sobre la Renta, de tal manera que, injustamente, peso sobre peso, paguen más quienes más ingreso generan), y/o la necesidad de crear nuevos impuestos (los más socorridos podrían ser el Impuesto sobre las Herencias y el Impuesto Especial a la Compra de Bienes Suntuarios).

En segundo lugar, con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, Morena puede modificar la Constitución, en concreto el párrafo sexto del artículo 28, para quitarle la autonomía al Banco de México, para que el Ejecutivo Federal pueda ordenarle al banco central a producir dinero y dárselo para que lo gaste, lo cual ocasionaría repuntes en la inflación (véase: https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/inflacion-exceso-dinero-494860), una mayor pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y de nuestro trabajo lo cual sería económicamente ineficaz (reduciría el bienestar), y éticamente injusto (violaría el derecho de propiedad privada sobre el poder adquisitivo íntegro del trabajo).

Dado que el gobierno tiene de donde cortar para mantener (¿incrementar?), el déficit presupuestario como porcentaje del PIB, es que puede posponer (¿por cuánto tiempo?), la realización de la reforma fiscal que, debiendo darse por el lado de los gastos, eliminando las tareas que legítimamente no le corresponden al gobierno (las relacionadas con desarrollo social y crecimiento económico), seguramente se dará por el lado de los ingresos, aumentando y/o creando impuestos (aumentando la progresividad del Impuesto Sobre la Renta, y/o creando el Impuesto sobre las Herencias y/o el Impuesto Especial a la Compra de Bienes Suntuarios), intensificando la expoliación de los contribuyentes.

Lo económicamente eficaz y éticamente justo sería una reforma fiscal (tanto por el lado del gasto como del ingreso), que diera como resultado el impuesto único (ni uno más), homogéneo (la misma tasa en todos los casos), universal (sin excepción ni de objeto ni de sujeto gravable), no expoliatorio (para financiar solamente las legítimas tareas del gobierno), a la compra de bienes y servicios para el consumo final (no a la generación de ingresos, no a las propiedades, no a las inversiones directas, no a las utilidades), tal y como lo he propuesto y explicado en más de una ocasión (véase: https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/gastos-e-impuestos-1-5-565671).