Ambientalistas asesinados

Brasil, Colombia, Filipinas, México y Honduras son los países con más activistas ambientales asesinados en la última década, según el informe de Global Witness de 2022.

Las víctimas luchaban contra represas, deforestación y agroindustria. El informe afirma: “Todas y cada una de las muertes de un defensor son señales de que nuestro sistema económico está roto. Impulsada por la búsqueda de ganancias y poder, hay una guerra por la naturaleza y el frente de batalla son las regiones biodiversas que quedan en la Tierra. La integridad de estos sistemas está siendo atacada por el crimen organizado y los gobiernos corruptos que quieren explotar la madera, el agua y los minerales para obtener ganancias a corto plazo, a menudo ilegales”.

¿Crimen organizado y gobiernos? Los asesinatos de ambientalistas en México coinciden parcialmente con la narcoguerra. Se dispararon en 2006 y, sin embargo, entre los estados donde más defensores ambientales fueron asesinados en 2021 se encuentran Oaxaca, Sonora y Colima, de acuerdo con el informe del CEMDA del 2022. No Michoacán, Sinaloa o Tamaulipas.

Que el narcotráfico no sea la primera amenaza para los ambientalistas es intrigante. A partir de los elementos que da el informe del CEMDA, tal parece que los principales perpetradores de esos crímenes podrían ser autoridades estatales, empresas y caciques. Detrás de los homicidios de ambientalistas existen conflictos socioambientales que, como explica mi colega David Barkin, son conflictos sociometabólicos. Los que resisten al desarrollismo o incluso al “desarrollo sostenible” suelen ser asesinados. Políticos que prometen bienestar material a expensas de ecosistemas o que ofrecen abundante agua a las ciudades comprometiendo ríos, suelen estar en el origen de los conflictos violentos y detrás de algunos de estos crímenes. Otros agentes criminales serían empresas mineras y extractivas en general.

Los proyectos más letales que menciona el CEMDA para 2021 son claramente desafíos al metabolismo social actual: una hidroeléctrica sobre el Río Verde, en Paso de la Reina, Oaxaca; la presa La Parota en Guerrero; el Acueducto Independencia, dentro de los territorios yaquis en Sonora; la termoeléctrica de Manzanillo, Colima, o proyectos mineros en Peña Colorada, Jalisco; entre otros.

El informe de Global Witness de 2022 muestra que se requiere una sociedad civil fuerte para evitar el asesinato de ambientalistas. Países sin gobiernos autoritarios y represivos sufren menos asesinatos de activistas verdes. En la medida en que la ciudadanía sea débil, la impunidad en las áreas rurales será fuerte. Un decidido movimiento ecologista en las metrópolis ayudaría a dar paz a los habitantes del campo. Y viceversa: cuando se infantiliza a los habitantes de las ciudades (dándoles electricidad, alimentos, madera y agua sin conciencia sobre su origen) se vuelve fácil perpetrar la masacre de ambientalistas en espacios naturales y rurales. El asesinato de ambientalistas en el campo exhibe una fractura metabólica en la sociedad.

El informe de Global Witness de 2022 muestra que se requiere una sociedad civil fuerte para evitar el asesinato de ambientalistas. Países sin gobiernos autoritarios y represivos sufren menos asesinatos de activistas verdes. En la medida en que la ciudadanía sea débil, la impunidad en las áreas rurales será fuerte. Un decidido movimiento ecologista en las metrópolis ayudaría a dar paz a los habitantes del campo. Y viceversa: cuando se infantiliza a los habitantes de las ciudades (dándoles electricidad, alimentos, madera y agua sin conciencia sobre su origen) se vuelve fácil perpetrar la masacre de ambientalistas en espacios naturales y rurales. El asesinato de ambientalistas en el campo exhibe una fractura metabólica en la sociedad.