Los aferrados quieren darle lecciones de derecho penal a los reformadores que tienen el poder y la determinación de enmendar el derecho penal que está en la Constitución y en las leyes.
Ésa es la tontería de los aferrados: enarbolan las reglas jurídicas actuales, fallidas, que, precisamente, se deben reformar. Le dice uno de ellos a la autodenominada “ministra del Pueblo”, la maestra Lenia Batres: “Usted no sabe derecho penal, los jueces no son los responsables de que se haga bien una investigación. Cuando la fiscalía pide una orden de aprehensión y se viola el procedimiento o faltan pruebas, el juez debe negarla. El juzgador no tiene por qué favorecer la persecución, ya que es imparcial. Y la responsabilidad de usted como ministra, o sea como jueza constitucional, es defender el debido proceso”.
Dicho aferrado está imbuido hasta el tuétano de las clases que tomó, de su trabajo en una ONG (jamás en una fiscalía) y de la capacitación que le dieron profesores españoles o estadounidenses. Pero ignora u olvida que el papel de los ministros es garantizar la vigencia de toda la Constitución, no sólo el debido proceso. Cuando un juez llega a formarse la íntima convicción de que un acusado es culpable, sí debe tener facilidades de favorecer que se le someta a juicio y luego se le condene. Porque la íntima convicción no es sinónimo de inquisición. Es el rechazo del formalismo según el cual debe liberar de inmediato si no se reúne cualquier nimio requisito, aunque esté convencido de que está frente a un culpable. La íntima convicción es la ponderación ética y fáctica que hace el juez prudente, el jurisprudente. Es un juicio creativo que puede recurrir a huellas digitales o a notas de prensa, a testimonios o a hechos notorios. No hay recetas.
Hoy tenemos una justicia federal de lujo en materia penal, que implica tener un servicio de primera para los acusados que tienen dinero. Como cree el aferrado: la responsabilidad de jueces, magistrados y ministros bien pagados pareciera, hoy por hoy, sólo consistir en defender el debido proceso, no en garantizar la seguridad pública.
Al mismo tiempo, tenemos una pésima justicia en los estados en materia penal, lo que significa tener un servicio de cuarta para las víctimas. Como resultado, la impunidad queda garantizada. Actualmente, “corregir” las resoluciones a nivel federal sólo puede significar echarlas abajo (prácticamente no significa reforzar las investigaciones y condenar a los acusados, el juicio de amparo casi no sirve para eso).
Digan lo que digan los aferrados, la sociedad mexicana quiere reformar el sistema. La dificultad a la que nos enfrentamos es que necesitamos legisladores que lo hagan, no “levanta dedos”. No es fácil diseñar la reforma que fortalezca la justicia penal local, las fiscalías y policías incluidas. La solución obviamente no es poner miles de procesos judiciales en reposo, en modo de espera, mientras se elige a miles de jueces y luego confiar en que “echando a perder se aprende”. Hoy necesitamos de legisladores patriotas y lúcidos, no de militantes acaudillados y obedientes.
