Comunicación política o cómo violar la ley en tiempos de Covid

México está muy lejos de un modelo de comunicación simple, como efecto, principalmente, de la cultura de pleitesía hiperpresidencialista tan propia del siglo XX, que creíamos superada, pero que en este sexenio volvió con renovados bríos.

Con la transición democrática se empezó a desmontar el lucimiento personalista de la presidencia imperial y a abrir paso a la libre expresión de todos los partidos políticos y los ciudadanos; pero, por excesos, en el camino terminó llegándose a verdaderas aberraciones, con un marco normativo plagado de restricciones, bizarras temporalidades y toda una serie de rarezas y florituras churriguerescas, como darle a una autoridad administrativa electoral (el INE) la función estatal de administrar y asignar una cantidad excesiva de publicidad partidaria en tiempos oficiales en televisión y radio.

Y sí, puede que el modelo sea absurdo, pero es el orden constitucional vigente y se debe de respetar. O, al menos, se debería tener una discusión profunda para cambiarlo y no querer imponer la visión única del Presidente de la República. De por sí, los controles que dábamos por sentados están severamente en entredicho dado el abusivo ejercicio de las mañaneras y, especialmente ahora, porque la justificada necesidad de información oficial en materia de salud, en razón de la pandemia, se aprovecha para exacerbar el discurso lopezobradorista.

Y es que, además, en plena crisis, el Gobierno federal tomó dos decisiones inconstitucionales e ilegales, en contra del modelo de comunicación: las cartas enviadas a beneficiarios por créditos del IMSS, con la firma personalizada de López Obrador, y el decreto que pretende reducir los denominados “tiempos fiscales” en radio y televisión.

Lo primero fue una violación flagrante a la prohibición constitucional de promoción personalizada, por lo que la Comisión de Quejas del INE adoptó medidas cautelares para detenerlo; aun así, el IMSS se dio tiempo —como si estuviera para darse el lujo de distraer energías y recursos— de litigar el asunto ante el Tribunal Electoral, que terminó por respaldar la decisión del INE.

Pero el decreto sobre los “tiempos fiscales” es todavía más grave. Al margen de que es cierto que es horrenda la spotiza a la que se nos somete durante las campañas electorales, el decreto reduce los minutos en televisión y radio asignados a los partidos de tal modo que, según cálculos del INE, habría 6,034 mensajes menos al día, en perjuicio de la difusión de la pluralidad política partidaria. Claro, como el lopezobradorismo tiene muchas horas al día para reproducir sus soflamas y prédicas, qué conveniente silenciar las ideas de los otros. Muy bien hizo el INE en promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte, alertando de la violación al artículo 41 de la Carta Magna.

Podrá no gustar, y me incluyo, el modelo de comunicación política vigente. Pero es norma, y es una norma que ha funcionado con base en dos premisas: (1) el Presidente de la República no debiera ser el gran faro emisor de mensajes y (2) la comunicación pública debe, al menos, reflejar en algo la pluralidad y la diversidad política del país. Pero, a la mala, el lopezobradorismo pretende imponer una voz única.