Movimientos de protesta y la pugna por el espacio público

En las últimas semanas hemos observado importantes movilizaciones opositoras contra distintas acciones y posturas, que el gobierno ha adoptado y que generan un significativo rechazo social. No cabe duda que, a estas alturas del sexenio, hay dos movimientos muy visibles que, de manera determinante, confrontan a la actual administración:

La defensa del INE y de la democracia —movimiento fuertemente dinamizado el año pasado, cuando se anunció la intención gubernamental, de realizar una reforma electoral regresiva y de tintes autoritarios— y el movimiento feminista —prácticamente desde el arranque de la administración y, muy enfáticamente, desde 2020—.

A esas manifestaciones y concentraciones masivas, la de la defensa del INE, el voto y la democracia —realizada el 26 de febrero— y las protestas de los movimientos de mujeres del 8 de marzo —que tuvieron, en ambos casos, su epicentro en el Zócalo de la Ciudad de México, pero que se reprodujeron en decenas de plazas por el país— hay que sumar la inédita marcha de protesta efectuada el domingo pasado por el sector castrense ampliado, la cual fue igualmente replicada en varias ciudades del país, llamando poderosamente la atención.

Como lo han evidenciado reiteradamente un cúmulo de colectivos feministas, las políticas públicas vigentes —o, mejor dicho, la falta de ellas— no atienden a las distintas problemáticas e impunidades relacionadas con las violencias de género. Y por lo que respecta a la defensa del INE y el sistema electoral, ya se empiezan a ver algunos signos alentadores desde el Poder Judicial. Fue, en verdad, muy emocionante observar la cálida y merecida bienvenida en la reincorporación de Edmundo Jacobo –ejemplar y destacadísimo funcionario del Estado mexicano— como secretario ejecutivo del INE. La reforma legal que produjo su inmediata destitución representó una de las medidas de la reforma electoral más absurdas y viscerales, además de haber sido, por supuesto, clara y rotundamente inconstitucional. Buen augurio para que se resuelva adecuadamente el aluvión de inconstitucionalidades del llamado Plan B de la reforma electoral.

Hay, pues, un variopinto y plural mosaico de sectores sociales que manifiestan su inconformidad ante la gestión gubernamental y no sólo la expresan en redes sociales, sino que ocupan representativos espacios públicos. Quienes en su momento fueran profesionales para realizar manifestaciones opositoras y hoy ocupan el gobierno, ven con azoro que la sociedad civil, en ese mosaico de pluralidades, se organice públicamente para manifestar su descontento ante diversas acciones u omisiones gubernamentales. Lejos de entender los reclamos sociales, buscar consensos y rectificar, la respuesta ha sido redoblar la intolerancia, descalificar los motivos de las protestas y convocar marchas de apoyo al gobierno. Sin duda habrá gente que asista –por sus medios-- con libertad y convicción o por arrastre dogmático, a mostrar su respaldo al gobierno en la manifestación convocada para el fin de semana. Ya se verá si lo que ocurre incrementa las sospechas sobre el uso de recursos públicos y el acarreo de burócratas y beneficiarios de programas sociales, como ocurrió el noviembre pasado, tras la primera protesta en defensa del INE.