La abrumadora votación en favor del proyecto de López Obrador no debiera ser vía libre para todo lo que proyecten y ocurra.
Septiembre apunta para ser el mes del jolgorio presidencial. Pudiera ser el inicio de un debate serio sobre los principales problemas del país, muchos de los cuales tienen que ver con las 20 reformas que el Presidente presentó el 5 de febrero.
Si realmente Claudia Sheinbaum quiere un debate abierto al público, debiera ser quien convoque a las diferentes organizaciones que están involucradas en los proyectos.
No hay manera de llegar a acuerdos sobre la reforma al Poder Judicial si no existe un debate nacional en que se escuche a todos quienes conforman este poder. Bueno, aparte de lo que se ha comentado sobre la reforma tiene un alto grado de confusión. Lo primero es tener un diagnóstico claro que no esté cargado de lugares comunes en que se acusa corrupción, que es el poder de los poderosos y todo tipo de señalamientos. Lo peor que le podría pasar a la 4T es que tenga los votos, pero no la razón.
Las generalizaciones del Presidente rompen con cualquier tipo de diagnóstico que impide saber realmente cuál es el estado de las cosas. No puede ser posible que no se reconozca a la gran cantidad de trabajadores del Poder Judicial que cotidianamente hacen un trabajo digno.
Para tener el diagnóstico preciso y diseñar las reformas lo primero que hay que hacer es establecer la relevancia de la gran cantidad de trabajadores, los cuales nunca han sido reconocidos e invariablemente son señalados. Es probable que el Presidente no haya pasado directamente por el largo camino de la justicia de ventanilla.
Es evidente que hay muchos problemas. Así como se reconoce que hay personal que merece respeto y que hace posible que a trompicones la justicia camine, también está el personal que se convierte en un dique para la justicia.
Muchos empleados del Poder Judicial se pasan largas horas en su oficina leyendo documentos en muchas ocasiones a mano, porque no existen computadoras. Además, tienen que aguantar la gran cantidad de señalamientos y hasta insultos por las decisiones que toman, que en la gran mayoría de los casos tiene que ver con la información que ellos tienen a la mano.
Lo que no está en los expedientes no hay manera de considerarlo.
El Presidente ha criticado severamente decisiones de los jueces, pero no se ha detenido en analizar cómo llegan los casos, los cuales en ocasiones están incompletos, lo que no les permite a los jueces tomar las decisiones que se exigen desde el poder político. No hay duda que hay actos de corrupción, pero la generalización menosprecia el trabajo.
Al igual que lo que se pretende hacer con los institutos autónomos, se toman decisiones sin consultar a quienes hacen el trabajo. De nuevo desde los institutos autónomos se pidió diálogo, en este caso con la futura Presidenta. No pueden desaparecerlos de un plumazo porque tienen una función concreta, si bien hay motivos para revisarlos, incluso reestructurarlos, deshacerse de ellos es concentrar el poder y soslayar la participación ciudadana, la pluralidad, la transparencia y rendición de cuentas.
Los institutos no son tema de coyuntura, la gran cantidad de países del mundo tienen organizaciones iguales o similares.
Más allá de la abrumadora votación que otorga legitimidad y poder, estamos en un momento de oportunidad no solamente para que consolide su proyecto el Presidente y la futura Presidenta, es un momento para que el país modernice sus instituciones con visión de futuro.
Pueden pasar por encima de todos, pero la pregunta es si eso es lo que quieren para “reconstruir” el país, como plantean.
RESQUICIOS.
En Europa se dejaron venir renuncias y convocatorias a elecciones por los resultados adversos del domingo. Aquí llevamos más de una semana y los dirigentes de los partidos abrumadoramente derrotados siguen campantemente quejándose y dando conferencias de prensa.
