Investigación a Servicios Inmobiliarios

Pasaron algunas semanas para que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) hiciera oficial una investigación en la comercialización de avisos inmobiliarios clasificados en territorio nacional; vamos por partes para el detalle de este asunto, porque tiene que ver con la denuncia hecha por el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Ignacio Lacunza Magaña, que lanzó en su momento, lo que sigue siendo un escándalo en el sector inmobiliario, porque fue denunciando las prácticas monopólicas de Grupo Navent, controladora de Inmuebles24, propiedad de la brasileña QuintoAndar, que afectan el costo de los servicios de los agentes inmobiliarios y perjudican los tiempos de comercialización de propiedades.

Esta empresa señalada tiene presencia en nuestro país con Benvi, Inmuebles24, Vivanuncios y Segundamano. Hoy la llamada Cofece despierta y hace oficial una investigación en el asunto.

En su tiempo comentamos que el tema de los clasificados inmobiliarios había sido incluso asunto de las mañaneras, porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, no hace mucho, que se investigaría qué estaba sucediendo con el encarecimiento de las rentas en la capital del país. Se puso un manotazo en la mesa, porque ya se viven las condiciones desiguales de competencia en el mercado inmobiliario en la CDMX, además de encarecer también los servicios de publicidad en los sitios de renta y venta de inmuebles. Sigue siendo grave el problema, porque no sólo se habla de la capital del país, involucrando al jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama. La finalidad, por supuesto, es acabar con la artimaña brasileña.

Pero en el tema inmobiliario también existe la iniciativa de reforma presentada por la legisladora Olga Sánchez Cordero, que adiciona la fracción VI al artículo 121 Constitucional en Materia de Función Notarial. En ella se expresa la preocupación de este gremio y argumentos en contra de la inclusión de la palabra profesional inmobiliario dentro de la propuesta, ya que se quiere evitar que se les excluya de toda intermediación inmobiliaria, porque trasgrede el orden jurídico mexicano y se pone en riesgo la imparcialidad que debe existir en la función notarial. Ya veremos cómo avanza el asunto, pero datos que se respaldan es que, de acuerdo con el Sistema de Cuentas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020, la construcción y los servicios inmobiliarios representaron 17.7% del Producto Interno Bruto y entre 2017 y 2020, los servicios inmobiliarios crecieron 5.5%.

Por ello la importancia de poner un alto a los abusos que se viven en el tema, como también que en el negocio inmobiliario hay quienes no declaran impuestos trabajando de independientes, y bajo nombres no registrados ante el IMPI, mucho menos ante la Secretaria de Hacienda. La investigación (expediente IO-001-2023) avanzará y ya veremos la resolución, pero en caso de existir una conducta anticompetitiva, el o los agentes económicos responsables podrían ser sancionados hasta por 8% de sus ingresos y podría ordenarse la desconcentración total o parcial de la posible concentración ilícita. Por su parte, dice la comisión, los directivos que hayan participado directa o indirectamente en concentraciones ilícitas podrían ser inhabilitados hasta por 5 años y multados hasta con 200 mil UMAs.

Voz en off. La propuesta del Instituto Nacional Electoral (INE), que preside Guadalupe Taddei Zavala, de postular al menos cinco mujeres para las nueve gubernaturas que se disputarán en 2024 se ha topado con un obstáculo: la resistencia unificada de los partidos políticos. Este lunes 9 de octubre, a pesar del claro mandato para avanzar en la paridad de género, partidos como Morena, PAN, PRD y PRI consiguieron postergar la votación para llevar la discusión a un receso no especificado.

Durante el debate, que fue calificado por miembros del INE como “terriblemente agotador”, la consejera Dania Ravel no tardó en mostrar su desacuerdo ante el retraso. Con datos en mano, evidenció las contradicciones palpables, y es que a pesar de los alegatos de que tres entidades ya habían legislado en favor de la paridad, Ravel destacó las ambiguas regulaciones en Puebla, Jalisco y Yucatán y evidenció la falta de aplicación de dicha iniciativa.

Además, la funcionaria electoral recordó el caso del 2021, cuando al disputarse seis gubernaturas, la equidad de tres mujeres y tres hombres no fue objeto de controversia. En un panorama donde la Presidencia, las ocho gubernaturas y la jefatura de Gobierno están en juego, no cabe duda que el acuerdo debe ser una prioridad.