UNAM, rectoría y gobierno

La Junta de Gobierno de la UNAM anunciará el 12 de octubre quiénes formarán parte de la fase definitiva del proceso de designación de la persona que ocupe la rectoría. Quince “destacadas personalidades, honorables y prudentes” nombran al director de una comunidad académica, estudiantil y administrativa de 450,000 personas, distribuida en 7 “polos de desarrollo” ubicados en sendos estados del país, 10 naciones, 6 campus y 17 planteles de la zona metropolitana.

Los 15 notables tienen facultades electivas inatacables sobre una sociedad de poco menos de medio millón de personas, diferenciada y diversa. La “auscultación” y la deliberación que llevan a cabo no está sujeta a escrutinio ni rendición de cuentas. Así es posible que esta corporación de “patricios” pueda “maltratar, agredir y descalificar” a algunos universitarios que comparecen en sus sedes para exponer los motivos de sus simpatías por cierto aspirante, o bien puedan reducir arbitrariamente el tiempo de audiencia de algún grupo, en beneficio de otro conformado por directivos, según testimonios acreditados que poseo.

Dada su magnitud, estamos ante algo parecido a un ministerio de Estado que, desde su refundación (1910) propicia una puerta giratoria entre la burocracia universitaria, los cargos de gobierno y los puestos de partido. Ejemplos aleatorios: Ignacio Chávez o Javier Barros Sierra; Jorge Carpizo, Ramón de la Fuente o José Narro. La UNAM es una universidad de Estado profundamente politizada por su inserción en el gobierno. La crisis del 68 aumentó exponencialmente este papel histórico dado su desmedido crecimiento, procurado por gobiernos del “antiguo régimen”. Sus logros en los rankings internacionales están vinculados a esta inmensa concentración de recursos de Estado.

No es difícil comprender que la UNAM procure a sus 12,525 académicos de tiempo completo (entre 42,000 que sirven a sus aulas, ¡30%!), un régimen de excepción distante del cambio social en lo relativo a la mentalidad y el habitus de quienes gozan de esta suerte de “fuero”. La autonomía (fetichizada) reafirma en la autopercepción de este 30% y sus dirigentes sus derechos excepcionales con respecto del sistema educativo nacional, del que no se sienten una parte solidaria.

Esta condición afecta la estructura de la UNAM, gravemente desigual: comparemos las condiciones laborales y materiales del Instituto de Investigaciones Jurídicas con las del CCH Oriente. Hay rangos completamente naturalizados en esta “sociedad del conocimiento”.

Imanol Ordorika es un aspirante a la rectoría. El patrimonio político del Consejo Estudiantil Universitario (1986-87), del que fue dirigente, es el eje de su personalidad movilizadora en este proceso. Gracias a su iniciativa, los aspirantes exponen actualmente sus programas en diversas sedes de CU (no del inmenso territorio unamita).

Su voluntad agitadora de la base universitaria no lo llevará a la rectoría, pero abre espacio al debate reflexivo sobre un modelo de universidad de Estado que ya no es sostenible. La Junta de Gobierno no podrá excluirlo del proceso, a menos que decida pagar un costo político, potencialmente desestabilizador.