Hace mucho tiempo que un caso de injusticia no conmovía y a la vez enardecía tanto los ánimos en la opinión pública, como ocurrió esta semana con el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, al darse a conocer que había absuelto al agresor sexual de una niña de 4 años.
Todos los elementos estaban dados para crear la tormenta perfecta, era el Estado de México, era una agresión sexual contra una mujer, en este caso una niña, y había violencia institucional por todos lados.
La víctima y su madre —como víctima indirecta— fueron revictimizadas desde la manera en la que se integró la carpeta de investigación del caso en el ministerio público, plagada de errores.
“Su señoría, si usted vio el tocamiento, usted la escuchó, explíqueme, de verdad, ¿por qué no le creyó? Hay todas las pruebas en peritajes. ¿Qué es lo que no lo convenció? ¡Me lo puede explicar, por favor!” suplicaba desesperada Victoria, madre de la niña, durante la audiencia donde el juez dio su veredicto y cerró con un gélido “pasen buena noche”.
La Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización Mundial de las Naciones Unidas —a la que México pertenece—, estipula el derecho del niño a ser escuchado, lo cual claramente no sucedió en este caso.
“Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño” dice claramente el artículo 12, que de entrada se incumplió.
Jurídicamente hablando —dicho por la propia ONU— “el niño no debe tener necesariamente un conocimiento exhaustivo de todos los aspectos del asunto que lo afecta, sino una comprensión suficiente para ser capaz de formarse adecuadamente un juicio propio sobre el asunto”.
Lo anterior aplica perfectamente al caso de la menor abusada en el Estado de México, pero desgraciadamente es una práctica muy mexicana invisibilizar a los niños, cuando de un tema judicial se trata.
El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, elaborado por Inegi, registró en 2021 a 22 mil 410 víctimas de violencia sexual infantil en el país.
El rango de edad más afectado fue de 10 y 14 años y cerca de 2 mil víctimas corresponde a niñas y niños menores de cinco años, siendo el abuso sexual el delito con mayor denuncias (53%), seguido de violación (33%) y al resto se suma el estupro, hostigamiento sexual e incesto.
Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en México 1 de cada 4 niñas y adolescentes (de 10 a 17 años), declararon estar expuestos a abuso sexual en su comunidad o en el entorno en el que viven.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes señala que 8 de cada 10 agresiones sexuales son perpetrados por parientes o personas cercanas; el padre en primer lugar, la pareja de la madre en segundo y el tío del menor es de los agresores más frecuentes en este tipo de delito.
Muy desafortunadamente, en el espectro de este delito —y trauma— cuando una familia enfrenta el abuso sexual de una hija o hijo, pocas veces corre en busca de justicia como primer impulso.
Lo más común es el silencio, movido por el profundo dolor y la vergüenza; pero ese silencio oscuro, en el futuro muchas veces termina siendo el empujón al vacío de la víctima.
No es alarmista decir que un alto porcentaje de personas abusadas sexualmente en la infancia, transitan la vida con pensamientos suicidas, lo dicen todas las estadísticas a nivel mundial.
Victoria Figueiras fue una de esas excepciones. Ella escuchó a su hija, le creyó y salió a buscar justicia. Pero al ver a su pequeña violada por segunda ocasión, por las propias autoridades, salió a romper todo, como muchas madres lo hubiéramos hecho.
Apoyada por la organización “Hermanas Aliadas”, Victoria encabezó el cierre de una vialidad principal creando un enorme caos, pero también despertando otra conciencia en
la sociedad.
Y fue la presión civil la que una vez más consiguió algo de justicia. El juez que mandó a la calle al violador de una niña finalmente quedará inhabilitado, aunque sin más sanción que esa.
En México de cada 10 mil casos de abuso contra menores, sólo 100 se denuncian y de ellos sólo el 10% llega ante un juez; de esos, solo el 1% obtiene sentencia condenatoria.
Hablamos del 99% de impunidad, miles de agresores libres y miles de víctimas silenciadas por ser niños, que crecerán con la paz robada, con sus sueños alterados y una vida muy distinta a la que les tocaba.
