Una oportunidad para el derecho internacional

El caso que Sudáfrica ha presentado contra Israel en la Corte Penal Internacional de La Haya podría convertirse en un precedente de peso para los mecanismos de prevención o reversión de las guerras unilaterales del siglo XXI, desde el derecho internacional. La demanda ha sido posible por una condición básica y es que Sudáfrica y Palestina, por sus respectivas experiencias históricas, son subscriptores del Estatuto de Roma.

Sudáfrica firmó el Estatuto de Roma en 1998, siendo presidente Nelson Mandela, y lo ratificó a principios del siglo XXI, cuando se cumplió una década del fin del apartheid. La Autoridad Palestina, en cambio, suscribió el pacto en 2015, generando una enérgica protesta de Israel, que argumentó que con esa incorporación se facilitaría la causa del yihadismo islámico y los enemigos del estado judío en el Medio Oriente.

Aunque la CPI no puede investigar acciones del gobierno de Israel en su propio territorio, sí puede hacerlo en territorio palestino como la franja de Gaza y Cisjordania. Esa posibilidad, confirmada en 2021, es la que ha aprovechado el gobierno sudafricano de Cyril Ramaphosa, líder del Congreso Nacional Africano, el partido de Mandela, quien a pesar de varios escándalos de corrupción, camina con paso firme a la reelección, gracias, entre otras cosas, a un eficaz activismo internacional.

Ramaphosa ha reforzado el papel de Sudáfrica en foros internacionales como el G-20 y los Brics. En las votaciones de la ONU, el país africano se ha abstenido de condenar el uso de la fuerza por parte de Rusia, en su invasión unilateral a Ucrania. Pero no es menos cierto que, en sus conversaciones directas con Vladimir Putin, el presidente sudafricano ha demandado el cese al fuego y la búsqueda de una salida diplomática al conflicto en Ucrania.

La presentación del caso contra Israel en La Haya se inscribe en esa política exterior puesta en función de la multipolaridad global. El eje conceptual del expediente es la tipificación como “genocidio deliberado” para los ataques contra la población civil en Gaza, basada en los propios documentos oficiales del ejército y el gobierno israelí y en declaraciones de sus líderes.

En esos documentos se parte de la premisa de que Hamas, en tanto organización terrorista, usa la población civil como escudo humano. El objetivo de “destruir a Hamas”, formulado por el gobierno de Benjamín Netanyahu incluye, por tanto, la neutralización de esa misma población civil. La alta proporción de mujeres y niños, dentro de los más de 23 000 muertos en los ataques contra Gaza, dan la razón a Sudáfrica.

La defensa de Israel en La Haya y el propio discurso oficial del gobierno de Netanyahu no cuestionan, de hecho, el alto número de víctimas civiles. Lo que cuestionan es una “distorsión” en la demanda sudafricana, ya que no reconocería el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 como causa eficiente de la incursión militar de Israel en la franja. Pero lo cierto es que en el caso presentado por Sudáfrica sí se toma en cuenta el ataque terrorista de Hamas.

Lo que argumenta Sudáfrica no es que ese ataque terrorista no haya tenido lugar sino que no puede justificarse como causa de una respuesta militar que incluye prácticas genocidas. En su reconocimiento del terrorismo de Hamas y sus víctimas civiles, Sudáfrica toma distancia de muchos gobiernos que sólo ven el terror del lado de Israel y entienden la violencia de Hamas como resistencia anticolonial legítima.

En la inevitable internacionalización del conflicto en Gaza intervienen muchos gobiernos que no forman parte del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Estados Unidos, Rusia y China no reconocen esa normativa internacional: los dos primeros porque luego de firmarla, la rechazaron, y China porque nunca la ha firmado. En América Latina y el Caribe sólo Cuba y Nicaragua no son firmantes del protocolo del tribunal internacional.