Salvador Guerrero Chiprés

Extorsión y simulacros

CIVITAS

Salvador Guerrero Chiprés*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Salvador Guerrero Chiprés
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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El engaño sacude el patrimonio de familias a las que se les ha ofrecido inmuebles sin sustento jurídico. Representa un daño a la ciudadanía en su expectativa personal, familiar y de confianza en las empresas que esperan acompañar la recuperación económica nacional y presuponen la integridad de sus representantes y gobernantes.

La base del esquema delincuencial, cuyos responsables han sido ubicados por la prensa como parte de un “cártel inmobiliario” es un esquema de acuerdos, negociaciones, engaños y extorsiones en la alcaldía Benito Juárez.

La Fiscalía General de Justicia, en comunicado difundido por el vocero Ulises Lara, inaugura una etapa en la investigación cuya continuidad va precisando el modus operandi: hay un paulatino y creciente quiebre de los arreglos secretos entre empresarios y autoridades, entonces delegacionales, reflejado en la búsqueda de la oportunidad de salir de la ilegalidad, incluso rechazada abiertamente dentro de la Cámara de la Vivienda por la nueva directiva encabezada por Leopoldo Hirschhorn, durante su toma de posesión.

Ante cámaras de la autoridad, un desarrollador del complejo City Towers Green & Black sostuvo que le solicitaron “una aportación” —a esto le llamamos extorsión— de 820 mil pesos a cambio del apoyo al desarrollo; modificaron el permiso de construcción para pasar de 752 espacios a 808 y le persuadieron de entregar, además, dos departamentos a autoridades —también es extorsión—.

Después del sismo del 19 de septiembre, Christian “N”, según la misma voz empresarial, fue requerido para ejecutar trabajos de reforzamiento, apuntalamiento y demoliciones que no cobraría él sino las empresas recomendadas por el mismo Christian “N” a cambio de continuar la construcción de City Towers Green & Black.

En octubre de 2017, Christian “N” presentó al empresario con un exdelegado de Álvaro Obregón y diputado local en aquel entonces. La idea era demoler 24 inmuebles dañados en Xochimilco con el único pago de permitirle continuar con los trabajos en el mismo desarrollo inmobiliario —esto no sólo se llama extorsión sistemática, sino además lucrar con una tragedia que aún duele—.

Ayer mismo en las páginas de La Razón, Frida Sánchez destacaba el incremento de extorsión en tres alcaldías de la Ciudad de México, siendo el primer lugar Cuauhtémoc. Extorsión y fraude son los delitos más prevalentes en el continente: nueve de cada 10 intentos fracasan, pero muy probablemente la estadística no cuenta la extorsión institucional, una pista sobre la cual avanza con inteligencia operativa la FGJ encabezada por Ernestina Godoy.

En un esfuerzo para combatir “gota a gota”, otra modalidad de extorsión, destaca la operación anunciada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tras una reunión encabezada por la secretaria Rosa Icela Rodríguez.

Combatir el engaño inmobiliario y el préstamo extorsivo es de interés general. Sin simulacros.