Agentes estadounidenses en México

Desde hace años, en México operan agentes de distintas agencias de seguridad, particularmente estadounidenses, por la cercanía y todos los temas de seguridad que compartimos con nuestro país vecino. Pero el marco legal de operaciones tiene muchos vacíos legales.

México trabaja con información de agencias norteamericanas. Por ejemplo, en la detención de El Chapo Guzmán, gran parte de la investigación se hizo con agentes estadounidenses, quienes proporcionaron información a la Marina Armada de México.

Pero esa cooperación tiene que ser todavía más clara y precisa.

El Presidente López Obrador envió un proyecto de ley a los senadores para modificar la ley de Seguridad Nacional, y así regular la presencia de agentes extranjeros en México.

Por supuesto que, a los agentes estadounidenses, esto no les gustó.

La propuesta de México para restringir las actividades de agentes extranjeros puede poner en riesgo las operaciones de la Agencia Antidrogas con informantes mexicanos. Y es que, según Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, “el reclutamiento de informantes puede detenerse bruscamente, lo que sería más perjudicial para México que para Estados Unidos. Tenemos una gran plataforma de informantes en México. Muchas veces realizamos operaciones con funcionarios del Gobierno mexicano. No hacemos el arresto, trabajamos encubiertos en coordinación y bajo los auspicios de las fuerzas de seguridad. Con el nuevo marco legal esto se detendría”.

Pero el proyecto de ley ya está en el Senado. Ricardo Monreal publicó a través de Twitter que habían recibido “del Ejecutivo federal (la) iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional. De aprobarse, ayudará a regular y transparentar un añejo reclamo sobre la presencia y participación de agentes del extranjero en México, para que actúen en el marco de la cooperación bilateral”.

Monreal publicó un decálogo, para entender el alcance y la importancia de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, sobre adiciones a la Ley de Seguridad Nacional.

Entre los puntos, destaca la regulación de las actividades de enlace para el intercambio de información que desarrollan agentes del extranjero en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral.

En el marco de la cooperación internacional, las embajadas y misiones extranjeras acreditadas en el país deberán informar de los hechos que tengan conocimiento en el desempeño de las funciones derivadas de los convenios y programas de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Las y los agentes extranjeros podrán ser autorizados para internarse temporalmente en territorio nacional para el intercambio de información, en el marco de los convenios y programas de cooperación bilateral.

Se limitará la actuación de agentes del extranjero únicamente al desarrollo de las actividades de enlace, para el intercambio de información con autoridades mexicanas.

Además, se propone que las y los agentes extranjeros no tengan ninguna inmunidad, en caso de incurrir en la comisión de delitos.

También se propone establecer un Grupo de Coordinación Operativa, como órgano auxiliar del Consejo de Seguridad Nacional, encargado de coordinar y supervisar la ejecución de acuerdos de cooperación suscritos por el Estado mexicano, y que contribuyan a preservar la seguridad nacional.

De esta manera, los agentes extranjeros de agencias de seguridad, como la DEA y el FBI, que ingresen a territorio nacional, estarán obligados a compartir con las autoridades mexicanas toda la información que recabaron durante el desempeño de su misión.

Buscan poner orden

Cuando se compruebe que un Gobierno extranjero, por conducto de sus agentes, incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes en el cohecho, la privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado, el Estado mexicano suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral de que se trate y prohibirá la realización de actividades por parte de dichos agentes.

Lo cierto es que los agentes estadounidenses llevan años operando en nuestro país, y para muestra, el asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en febrero de 1985 en Guadalajara, el cual fue un episodio desafortunado que marcó la relación entre México y la DEA.

Camarena condujo al aseguramiento del rancho El Búfalo, ubicado en la zona del Triángulo Dorado, en donde se encontraba una plantación de marihuana de más de mil hectáreas, propiedad de Rafael Caro Quintero, y del cual el cártel obtenía una producción anual de más de 8 mil millones de dólares.

Este operativo provocó el enojo del Cártel de Guadalajara, por lo que Caro Quintero ordenó el secuestro de Kiki Camarena, quien fue levantado por presuntos agentes de la policía adscritos a la Dirección Federal de Seguridad e interrogado bajo tortura durante 36 horas.

Más recientemente, se dio el arresto, en octubre, del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. La DEA asegura que llevaba tiempo investigando al exsecretario de la Defensa; sin embargo, la Cancillería mexicana fue avisada de la operación el día de su captura.

Y mientras la DEA asegura que ya investigaba a Cienfuegos, en noviembre de 2018, en una ceremonia en West Point, el Departamento de Defensa de Estados Unidos otorgó la Legión al Mérito al entonces secretario de Defensa.

Pero para esta investigación, los agentes estadounidenses, por ejemplo, dicen que obtuvieron información por medio de intercepciones telefónicas. Por ley en nuestro país, para poder interceptar llamadas, se requiere de una orden de un juez.

Por ejemplo, la DEA concentra casi todos sus recursos en acciones policiacas en EU, pero mantiene unos 500 agentes antinarcóticos distribuidos en 91 oficinas en 68 países.

En México, la DEA mantiene oficinas en Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Hermosillo, Monterrey, Matamoros, Mazatlán, Guadalajara, Mérida y Ciudad de México.

Algunos agentes que trabajan en México se tienen que distinguir entre los elementos que operan permanentemente en nuestro país y que están asignados a alguna de las citadas oficinas en México.

Los primeros están acreditados ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y mantienen contacto formal e institucional con agencias policiacas y de inteligencia en México.

Pero sobre los otros, incluso para el Gobierno de Estados Unidos, determinar el flujo de agentes que van y vienen de un lado a otro de la frontera es difícil y, por lo general, estos agentes no comparten con ninguna autoridad mexicana la información recabada en sus investigaciones. Se tendría que tener un control sobre ellos.

Estados Unidos apoya a México con recursos económicos, para temas de seguridad, y está muy bien que haya cooperación entre ambos países. Pero cada día hay más desconfianza entre ambas naciones.

Está bien que se regule el trabajo de los agentes estadounidenses en México, pero también con mucha cautela, para que esa información no se filtre y termine siendo contraproducente para la seguridad de ambas naciones.